El sistema educativo aragonés afronta un cambio de calado de cara al curso 2026-2027: el Gobierno autonómico ha decidido incorporar por primera vez el Bachillerato al régimen de conciertos educativos. La medida arrancará en 1º de Bachillerato y se irá extendiendo paulatinamente, en un contexto político especialmente sensible, con el Ejecutivo en funciones y el presupuesto prorrogado.
La concertación de esta etapa postobligatoria se presenta como una promesa electoral del presidente Jorge Azcón y está recogida en el acuerdo PP-Vox. Sin embargo, el anuncio llega en plena negociación entre ambos partidos para formar gobierno y en medio de un intenso debate social: mientras el Departamento de Educación defiende que se amplía la libertad de elección de centro, sindicatos, asociaciones de familias y partidos de izquierdas hablan de privatización encubierta y de uso inadecuado de fondos públicos.
Publicación en el BOA y calendario de implantación
Según ha explicado la consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica una orden que modifica la normativa de conciertos para incluir explícitamente el Bachillerato como enseñanza concertable. Se trata de una orden de carácter singular que habilita la firma de nuevos conciertos a partir del curso 2026-2027.
La disposición establece un plazo de diez días hábiles desde su publicación para que los centros interesados puedan solicitar la concertación de 1º de Bachillerato. Aquellos colegios que ya registraron su petición en noviembre no tendrán que repetir el trámite si no quieren modificarla, ya que la administración les reconoce validez con carácter retroactivo.
El Departamento prevé que la resolución definitiva de los conciertos se conozca en torno al mes de mayo, de manera que las familias dispongan de la información antes del proceso de admisión de alumnado. Además, se ha fijado un periodo específico de matriculación de Bachillerato entre el 2 y el 7 de julio, adaptado al nuevo escenario de plazas concertadas.
La implantación será gradual: el próximo curso solo se concertará 1º de Bachillerato en Aragón, mientras que la extensión a 2º se contempla para el año académico 2027-2028. El objetivo final es que toda la etapa pueda acogerse al régimen de concierto en los centros que cumplan las condiciones.
La orden no permite un crecimiento ilimitado de la oferta, ya que recoge que únicamente podrán concertarse las unidades que estén autorizadas y funcionando en el curso actual 2025-2026. Es decir, los centros que soliciten acogerse al sistema no podrán crear nuevas aulas de Bachillerato al amparo de esta medida.
Alumnos previstos, centros implicados y requisitos de acceso al concierto
De acuerdo con las estimaciones del Departamento de Educación, la medida podría beneficiar el próximo curso a unos 1.900 estudiantes de 1º de Bachillerato, repartidos en torno a un máximo de 65 unidades. Estas aulas corresponderían a aproximadamente una veintena de centros de la red concertada repartidos por Aragón.
Solo podrán solicitar la concertación aquellos colegios que ya tengan concertadas las enseñanzas obligatorias, es decir, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Además, deben contar con Bachillerato ya implantado y en funcionamiento; no se autorizarán nuevas líneas creadas específicamente a raíz de esta norma.
En paralelo, el Departamento subraya que la normativa incluye garantías en materia de equidad y atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Los centros que accedan a estos conciertos deberán respetar la escolarización equilibrada y las directrices de planificación educativa fijadas por la administración autonómica.
Actualmente, en Aragón ya hay ocho centros que ofrecen Bachillerato concertado en diferentes modalidades, aunque de forma más limitada. Con la nueva orden, el Ejecutivo pretende homogeneizar el marco y acercarse a la situación de otras comunidades españolas donde esta fórmula está consolidada, como País Vasco, Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía.
Desde el Gobierno aragonés se insiste en que el despliegue será progresivo y sometido a evaluación, si bien buena parte de la comunidad educativa reclama datos más detallados sobre el impacto que podría tener en la red pública y en la organización del mapa escolar.
Coste económico, presupuesto y aportación de las familias
Uno de los aspectos más sensibles de la concertación de Bachillerato es su financiación en un contexto de presupuesto prorrogado. La consejera Hernández ha explicado que la puesta en marcha de la medida se hará a través de una modificación del presupuesto plurianual de la enseñanza concertada, aprobado en 2025 y vigente hasta 2031.
El coste estimado de concertar la etapa completa de Bachillerato, es decir, 1º y 2º curso, asciende a unos 7 millones de euros. Para el primer trimestre del curso 2026-2027, el Departamento calcula que serán necesarios alrededor de 2,7 millones, una cifra que se ha presupuestado «a máximos» para cubrir el escenario de mayor demanda posible dentro de los límites fijados.
En cuanto al impacto en las familias, el modelo de concierto singular previsto en la Ley Orgánica de Educación permite que la administración fije tanto los módulos económicos que reciben los centros como la aportación máxima que pueden cobrar a las familias. En este caso, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado, las cuotas se situarán entre 18 y 36 euros mensuales por alumno.
Esta horquilla contrasta con el coste actual de los centros privados sin concierto, donde el precio medio ronda los 400 euros al mes para cursar Bachillerato. El Ejecutivo autonómico sostiene que la diferencia económica reduce la influencia del nivel de renta en la elección de centro y facilita el acceso de más estudiantes a proyectos educativos de la red concertada.
Desde las organizaciones contrarias a la medida, sin embargo, se recalca que esos millones podrían destinarse a reforzar la red pública, a bajar ratios o a mejorar recursos en institutos ya existentes, en lugar de financiar una oferta que, según remarcan, no responde a una necesidad real de plazas.
Libertad de elección, continuidad de estudios y justificación política
La consejera de Educación en funciones ha reiterado que el Bachillerato concertado persigue garantizar la libertad de elección de centro de las familias aragonesas y dar continuidad a quienes han optado por la concertada desde las etapas obligatorias.
Según ha argumentado Hernández, la medida permitirá que el alumnado que ha cursado Primaria y ESO en el mismo colegio pueda permanecer en ese entorno durante el Bachillerato sin que el factor económico suponga una barrera. De este modo, se pretende evitar cambios de centro que, en algunos casos, respondían principalmente a motivos económicos.
El Gobierno de Aragón enmarca esta decisión en un modelo educativo plural, donde convivan redes pública, concertada y privada con una financiación y unos requisitos regulados. Además, desde el Partido Popular se recuerda que la concertación del Bachillerato figuraba de manera explícita en su programa electoral, que resultó el más votado en las urnas.
Diputadas populares han insistido en que el Ejecutivo autonómico “cumple lo prometido” y han defendido que la concertación se basa en tres principios: libertad para elegir centro, calidad educativa y equidad en el acceso. A su juicio, se trata de adaptar el mapa de la oferta educativa a lo que consideran una demanda sostenida de parte de las familias.
Desde Educación, además, se recuerda que en los últimos años el gasto en la red pública ha aumentado respecto a la etapa anterior de gobierno, llegando a superar los 1.090 millones de euros, una cifra que presentan como muestra de que la apuesta por los conciertos no implica abandono de los institutos públicos.
Críticas, protestas y dudas sobre la necesidad real
La decisión de concertar 1º de Bachillerato ha generado una oposición frontal en buena parte de la comunidad educativa. Organizaciones sindicales como CGT, CCOO o STEA, federaciones de familias como Fapar y formaciones políticas de izquierdas han manifestado su rechazo tanto al fondo de la medida como a la forma elegida para aprobarla.
Entre los principales reproches se encuentra el hecho de que la orden se apruebe con un Gobierno autonómico en funciones y con las cuentas prorrogadas. Para estas entidades, un cambio estructural de este calado debería abordarse con un Ejecutivo plenamente constituido y con un debate parlamentario más amplio.
Los colectivos defensores de la escuela pública sostienen que concertar el Bachillerato es “innecesario” y responde a criterios ideológicos más que a una demanda objetiva de plazas. Alegan que en esta etapa postobligatoria existen vacantes en numerosos institutos públicos, con cifras que varían según las fuentes: desde más de 1.300 hasta unas 2.500 plazas libres, según diferentes sindicatos y asociaciones.
En los últimos meses se han desarrollado diversas movilizaciones bajo el lema “Dinero público para la educación pública”. Se han realizado concentraciones a las puertas de colegios e institutos, una huelga de tres días convocada por CGT en enero, manifestaciones multitudinarias en Zaragoza y acciones semanales de protesta, especialmente los miércoles.
Las organizaciones críticas temen que esta política suponga una transferencia de fondos públicos hacia la red privada-concertada y perjudique a medio plazo a los centros públicos, al destinar parte del presupuesto educativo a financiar unidades concertadas allí donde, según insisten, no hay una necesidad acreditada de nuevas plazas.
Reacciones políticas y posible batalla legal
En el plano político, la oposición de izquierdas en las Cortes de Aragón ha denunciado la concertación del Bachillerato como un paso hacia la privatización del sistema educativo. Desde el PSOE se ha hablado de desprecio a la escuela pública y se han solicitado informes a la administración autonómica para analizar la legalidad y adecuación del programa.
Izquierda Unida y otras fuerzas han recordado que la normativa de conciertos establece que solo deben autorizarse cuando exista una necesidad real de escolarización. A su juicio, la abundancia de plazas vacantes en institutos públicos hace que la medida solo pueda entenderse como una apuesta política por reforzar los intereses de la enseñanza privada.
Vox, por su parte, valora positivamente que finalmente se ponga en marcha el Bachillerato concertado, aunque insiste en que la decisión llega “tres años tarde” respecto a lo recogido en el pacto de gobierno de 2023. La formación critica que el Ejecutivo de Azcón no la impulsara antes y acusa al presidente de haber retrasado la aplicación de esta política.
En el ámbito sindical, STEA ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra la normativa de conciertos, y estudia solicitar medidas cautelares para intentar frenar la aplicación de la concertación de Bachillerato. CCOO y CGT también exploran vías legales y no descartan nuevas huelgas y movilizaciones.
Fapar ha expresado su malestar por que la medida se active sin una información previa detallada en los órganos de participación, como la Comisión de Escolarización o la Mesa de Familias, y advierte de que puede condicionar la decisión de las familias que este curso terminan 4º de ESO y están eligiendo centro para el próximo año.
Impacto en la escolarización y comparación con otras comunidades
La entrada del Bachillerato concertado en Aragón puede tener efectos en el proceso de escolarización de los próximos cursos. Al abrirse la posibilidad de cursar esta etapa en centros concertados con una cuota reducida, algunas familias podrían optar por mantener a sus hijos en los mismos colegios donde han estudiado la ESO, en lugar de pasar a un instituto público.
Las federaciones de familias y sindicatos advierten de que esta reorientación de la demanda puede afectar a la planificación de plazas en la red pública, especialmente en municipios o barrios donde la presencia de centros concertados sea significativa. Temen que, con el tiempo, algunos institutos vean disminuir su matrícula en Bachillerato, con las consecuencias que ello podría tener en recursos y oferta educativa.
Desde la administración se responde que la orden no permite crear nuevas líneas y que los conciertos solo se aplicarán a las unidades ya en marcha, por lo que el impacto inicial sobre la red pública sería limitado. Además, se insiste en que los criterios de programación educativa seguirán guiando la distribución de plazas y la oferta global en la comunidad.
En el contexto estatal, Aragón se suma al grupo de comunidades que han extendido el modelo de concierto a enseñanzas postobligatorias. En territorios como País Vasco, Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía, el Bachillerato concertado forma parte desde hace años del paisaje educativo, con distintos grados de implantación.
Las experiencias de estas regiones se utilizan como referencia tanto por defensores como por críticos de la medida: unos ponen el acento en la ampliación de opciones para las familias, mientras que otros señalan los riesgos de segmentación del alumnado y de debilitamiento progresivo de determinados centros públicos.
Con todos estos elementos sobre la mesa, la concertación de 1º de Bachillerato en Aragón se perfila como una de las decisiones educativas más controvertidas de los últimos años en la comunidad. A caballo entre la promesa electoral, la reclamación de parte de las familias, las restricciones presupuestarias y un fuerte rechazo de la escuela pública, su desarrollo efectivo y sus consecuencias reales se seguirán de cerca en los próximos cursos por toda la comunidad educativa y el conjunto de la sociedad aragonesa.
