La convocatoria del MIR 2026 ha pasado de ser un trámite clave y, en teoría, muy reglado dentro de la Formación Sanitaria Especializada a convertirse en el epicentro de una de las mayores polémicas que se recuerdan en el sistema. Lo que tradicionalmente se consideraba un proceso sólido y previsible ha quedado bajo sospecha por irregularidades en la organización, fallos técnicos y dudas sobre la limpieza del examen.
En este contexto, la Asociación MIR España (AME) y otros actores del ámbito médico han dado un paso al frente para exigir una auditoría independiente y pública del MIR 2026. Sobre la mesa se acumulan denuncias de falta de control en las aulas, posibles casos de fraude con nuevas tecnologías, una correlación estadística anómala entre expedientes académicos y resultados, y errores administrativos que han tensado aún más los ánimos de miles de aspirantes.
Por qué se pide una auditoría del MIR 2026
AME ha reclamado al Ministerio de Sanidad una auditoría exhaustiva del proceso selectivo de este año al considerar que el examen se desarrolló en un entorno de “completo caos”, según numerosos testimonios recibidos. La asociación habla de una falta de medidas de seguridad y de control que habría facilitado conductas irregulares durante la prueba.
El presidente de la organización, Jesús Arzúa Moya, insiste en que su objetivo no es señalar a personas concretas, sino esclarecer si el sistema ha funcionado como debía. Según detalla, a través de redes sociales y de sus propios canales han llegado decenas de relatos de opositores que describen aulas con escasa vigilancia, salidas frecuentes al baño sin acompañamiento y aspirantes utilizando dispositivos electrónicos durante el examen.
La petición de auditoría no nace de un hecho puntual, sino de un acumulado de incidencias que la asociación ya venía señalando desde semanas antes de la prueba: problemas informáticos en la inscripción, retrasos en la publicación de listas de admitidos, cambios de última hora en el procedimiento e incluso la dimisión en bloque del comité de expertos encargado de elaborar el examen, tras una modificación de sus condiciones de trabajo.
Para AME, el conjunto de estos problemas cuestiona la fiabilidad global del proceso MIR 2026. Por ello han anunciado la elaboración de un informe técnico detallado, que registrarán en el Ministerio de Sanidad y presentarán en una reunión con la Dirección General de Ordenación Profesional, ahora dirigida por Miguel Ángel Máñez. En ese documento se incluirán testimonios anonimizados, análisis estadísticos y aportaciones de academias y expertos en la prueba.
La asociación subraya que no pide repetir el examen, al considerar que esta medida causaría un perjuicio aún mayor a los opositores, pero sí exige que se investigue a fondo lo ocurrido, se depuren responsabilidades si procede y se refuercen las garantías de equidad de cara a las próximas convocatorias.
Irregularidades en el aula: móviles, IA y falta de control
Buena parte de las quejas que dan pie a la auditoría apuntan directamente a la seguridad del examen en las aulas. AME asegura haber recibido numerosos testimonios que describen un control insuficiente de los aspirantes: móviles visibles encima de la mesa, terminales sonando o vibrando y opositores que se levantaban varias veces para ir al baño sin acompañamiento ni registro preciso del tiempo.
Según la asociación, en muchas sedes no se contó con vocales experimentados capaces de gestionar grupos tan amplios, lo que habría favorecido una vigilancia laxa. Se habla de aulas con cientos de opositores y escaso personal para supervisar, lo que habría abierto la puerta a conductas contrarias a las normas sin una respuesta clara por parte de los interventores.
Uno de los elementos más polémicos es la posible utilización de dispositivos con inteligencia artificial. AME sostiene que se ha constatado al menos un caso de gafas inteligentes empleadas para copiar, y que podrían existir más episodios similares que no han sido detectados oficialmente. Estas gafas, en combinación con otros dispositivos, permitirían captar el contenido del examen, enviarlo al exterior y recibir respuestas en tiempo real, un escenario que desborda los protocolos clásicos de prevención de fraude.
Desde la asociación recuerdan que el caso español no sería un fenómeno aislado. Citan como referencia un episodio reciente en Argentina, donde el Ministerio de Salud detectó puntuaciones anómalas en su examen de residencias médicas. Allí se obligó a repetir la prueba a más de un centenar de candidatos con resultados estadísticamente inverosímiles y, tras la repetición, ninguno alcanzó de nuevo la nota inicial. La auditoría posterior concluyó que se habían usado dispositivos electrónicos con IA para responder al test.
En España, en cambio, critican que el Ministerio se limite a considerar estos sucesos como casos aislados y no contemple, por ahora, una auditoría de esa envergadura. AME y otros colectivos médicos consideran que, si se han producido irregularidades, no basta con sancionar individualmente a quien es sorprendido copiando: hay que revisar si el diseño de la vigilancia y de las medidas de seguridad está a la altura de la tecnología actual.
La posición del Ministerio: un único caso sancionado y defensa del sistema
El Ministerio de Sanidad sostiene una visión bastante distinta. Fuentes del departamento que dirige Mónica García han confirmado que, durante el examen celebrado en la Universidad de Santiago de Compostela, se detectó a un aspirante con unas gafas y un reloj inteligentes. Siguiendo el procedimiento, se le retiraron ambos dispositivos, se levantó acta de la incidencia y su examen fue calificado finalmente con un cero, lo que le deja automáticamente fuera del proceso.
Sanidad recalca que se trata del único caso de fraude identificado oficialmente entre las 25 sedes repartidas por todo el país, y defiende que este episodio demuestra precisamente que los mecanismos de vigilancia funcionan. Según el Ministerio, en las aulas existe una supervisión estricta con vocales responsables, se registran las anomalías y se controla también el tiempo que cada opositor permanece fuera, incluyendo la salida al baño.
El departamento recuerda además que el MIR es una prueba que exige años de preparación y un alto coste personal, por lo que la mayoría de candidatos son plenamente conscientes del riesgo que implica jugárselo todo por una conducta fraudulenta. Su argumento es que, donde se detecta una irregularidad, se actúa, y que, más allá de algunos intentos aislados, el sistema mantiene su fiabilidad.
No obstante, el Ministerio admite otro tipo de problemas en la gestión administrativa de esta convocatoria: un volumen inusual de recursos, retrasos en la publicación de resultados y fallos de baremación. La propia Dirección General de Ordenación Profesional achaca parte del retraso en las notas provisionales a la necesidad de tramitar entre 1.000 y 1.500 recursos contencioso-administrativos, lo que ha multiplicado los plazos respecto a años anteriores.
Aunque desde Sanidad se insiste en que el modelo general de examen es robusto, sí se reconoce la necesidad de introducir mejoras técnicas y organizativas, especialmente en la plataforma de Formación Sanitaria Especializada y en los planes de contingencia ante situaciones imprevistas, para evitar que se repita la cascada de incidencias vivida en esta edición.
Resultados récord y estadísticas que no encajan
Más allá de lo ocurrido dentro de las aulas, una de las principales razones que alimentan la petición de auditoría tiene que ver con los resultados estadísticos del MIR 2026. Según los datos oficiales, el 99,19 % de los aspirantes superó la prueba, lo que equivale a unas 30.170 personas. En Medicina, de 15.283 presentados, 15.082 lograron al menos una respuesta neta positiva.
Estas cifras, que a primera vista podrían interpretarse como una buena noticia, han reabierto el debate sobre la capacidad real del MIR para discriminar entre candidatos en un sistema que ofrece alrededor de 9.300 plazas. Muchos opositores no cuestionan tanto que haya tantos aprobados como el hecho de que la Administración no haya explicado con detalle cómo funciona el MIR y cómo se garantiza la equidad cuando unas décimas pueden mover a cientos de puestos en el escalafón final.
AME pone el foco especialmente en la correlación entre el expediente académico universitario y la nota del examen. Históricamente, los perfiles situados en el top de la clasificación correspondían, casi de forma sistemática, a aspirantes con medias muy altas —por encima del 8 sobre 10—. Sin embargo, desde la convocatoria de 2025, la asociación asegura que este patrón se ha quebrado de forma llamativa.
En la última década, los datos manejados por la asociación señalan que, para un expediente igual o inferior a 6,75, el mejor puesto alcanzado había sido el 209 (año 2021), y en general estos perfiles se movían por debajo del número 1.300. En cambio, en 2026, una candidata con una nota ligeramente inferior a 6,5 en la carrera ha logrado el número uno del MIR, firmando además uno de los mejores exámenes de la serie histórica con 188 respuestas netas sobre 200.
Para Jesús Arzúa, este tipo de desviaciones no son imposibles, pero sí estadísticamente poco probables, y cuando se concentran entre los primeros puestos —este año, asegura, los cuatro primeros tendrían expedientes por debajo de 8— exigen, como mínimo, una explicación sólida por parte de la Administración. La asociación rechaza alimentar teorías conspirativas sobre personas concretas y reclama que sean los análisis internos de Sanidad los que aclaren si se trata de un cambio de tendencia legítimo o de un síntoma de fallos de control.
El caso de la número 1: bajo sospecha y a favor de la auditoría
La protagonista involuntaria de buena parte del debate es Bianca Ciobanu, licenciada por la Universitat Rovira i Virgili, que ha obtenido el primer puesto del MIR 2026 con una puntuación récord cercana a los 119,4 puntos totales y 188 aciertos netos sobre 200. Su expediente académico, sin embargo, se sitúa por debajo del 6,5, algo que algunos compañeros han señalado en redes como “incoherente” con su resultado en la prueba.
Ciobanu, de origen rumano y de 41 años, ha sido objeto de acusaciones y comentarios en redes sociales que apuntan a un presunto fraude, incluyendo rumores sobre el uso de gafas con inteligencia artificial o salidas prolongadas del aula. Ella misma ha salido públicamente a desmentir todos esos extremos, asegurando que no utilizó ningún dispositivo electrónico y que ni siquiera abandonó el aula para ir al baño durante el examen.
Lejos de oponerse a la revisión, la número uno se ha declarado absolutamente a favor de la auditoría y de todas las comprobaciones que se consideren necesarias: ha manifestado que, si el Ministerio tiene dudas sobre su prueba, está completamente disponible para que se revise su examen con el máximo detalle. Defiende que su resultado es fruto de cuatro años de preparación intensiva en una academia, realizando simulacros de forma sistemática y organizando su vida en torno al MIR.
Bianca reconoce que los primeros cursos de carrera fueron complicados, que tuvo que superar algunos baches y que su trayectoria universitaria no fue brillante, pero subraya que “la carrera y el MIR son cosas distintas”. En su opinión, el examen es una prueba muy específica, casi una estrategia de estudio, en la que influyen tanto la planificación a largo plazo como la práctica continuada de preguntas tipo test.
En cuanto a su futuro, ha explicado que inicialmente pensaba elegir Endocrinología, aunque ahora se plantea también Medicina Familiar y Comunitaria o Dermatología, especialidades que valora tanto por la relación con el paciente como por el impacto en patologías prevalentes, como el cáncer de piel. Mientras se resuelve la polémica, insiste en que su prioridad es que se respete la presunción de inocencia de todos los candidatos y que las dudas se trasladen por vía institucional y no a base de linchamientos en redes.
Apoyos a la auditoría: OMC y sindicatos médicos
La petición de auditoría de AME no ha quedado aislada. La Organización Médica Colegial (OMC), máximo órgano representativo de la profesión médica en España, ha mostrado su respaldo a la idea de realizar un análisis interno riguroso de la convocatoria de 2026 tras las diferentes irregularidades denunciadas.
La OMC coincide en que la combinación de errores administrativos —retrasos en listas de admitidos, problemas con la baremación de expedientes, calidad cuestionable del cuadernillo de examen— y denuncias de posibles copias obliga a revisar en profundidad el proceso. Fuentes de la organización apuntan a que no se trata solo de aclarar si los casos detectados son aislados, sino de revisar el modelo para que sea garantista frente al fraude.
Desde la institución colegial se plantea avanzar hacia un sistema más robusto incorporando medidas similares a las que ya aplican muchas universidades europeas: control más estricto de dispositivos electrónicos, detección de tecnologías emergentes y, cuando la normativa lo permita, herramientas que minimicen la comunicación externa durante los exámenes.
En esta misma línea, la OMC se ofrece a participar de forma externa y constructiva en la eventual auditoría y en el diseño de mejoras, tomando como ejemplo modelos de otros países europeos en los que las órdenes profesionales tienen un papel relevante en la organización de los exámenes de especialización, como sucede en Portugal. El objetivo declarado es reforzar los cimientos del sistema MIR para que no se vea erosionado por la sospecha pública.
Otros sindicatos y asociaciones médicas también han criticado la gestión política de la convocatoria, llegando a acusar al Ministerio y, en particular, a la propia Mónica García, de haber deteriorado la imagen de una prueba que, hasta ahora, se consideraba uno de los procesos selectivos más prestigiosos de la Administración española.
Fallo administrativo, baremos y retrasos sin precedentes
La auditoría reclamada por AME no se limita al día del examen. Desde mitad de febrero, la asociación ya había pedido una primera revisión por las incidencias técnicas en la inscripción, el incumplimiento de plazos y cambios de última hora que alteraron el calendario previsto. Uno de los puntos más polémicos fue que la lista definitiva de admitidos y excluidos se publicó apenas unos días antes de la prueba, lo que permitió que aspirantes inicialmente no admitidos presentaran recurso y llegaran a examinarse en un escenario de gran incertidumbre.
A estos problemas se añade el capítulo del baremo académico. Más de 5.000 aspirantes registraron incidencias por entender que su expediente universitario había sido mal valorado, lo que se ha traducido en entre 1.000 y 1.500 recursos formales. En algunos casos, los opositores denuncian que aparecían con un baremo mínimo (nota 5), lo que distorsiona por completo su posición en la lista provisional y puede cambiar drásticamente su número de orden cuando se corrija.
Los retrasos se han visto reflejados también en la publicación de resultados. Mientras que en años anteriores las notas provisionales se conocían a los 11 o 13 días de la prueba, este año los aspirantes han tenido que esperar más de un mes. Desde la Dirección General de Ordenación Profesional admiten que el volumen de recursos y la necesidad de revisarlos caso por caso ha alargado los plazos, aunque en la convocatoria oficial solo se hablaba de un “plazo informativo” de publicación dentro del mes siguiente.
A todo ello se suma el malestar generado por la baja calidad percibida del examen: opositores y academias han señalado errores ortográficos, preguntas mal formuladas, imágenes poco nítidas y problemas de maquetación en el cuadernillo. Según denuncian, algunos enunciados presentaban defectos de edición que pudieron inducir a confusión y que, en una prueba de tan alto impacto, deberían haberse evitado. La revisión posterior y la revisión de impugnaciones han puesto de manifiesto parte de estos problemas.
En este clima, la Asociación MIR España ha reiterado en varias ocasiones su postura: no busca personalizar las críticas en ningún aspirante concreto ni sembrar dudas sin pruebas; lo que reclama es que, si existe un solo caso en el que no se cumplen criterios de transparencia, justicia y equidad, se active una auditoría que revise todo el proceso, desde la inscripción hasta el cálculo final de la nota.
Limitaciones legales, inhibidores y el debate sobre la seguridad tecnológica
Una de las soluciones que muchos opositores y organizaciones han propuesto para cortar de raíz el posible uso de móviles y dispositivos inteligentes es la instalación de inhibidores de frecuencia en las sedes del examen. Sobre el papel, suena a medida contundente, pero la realidad jurídica es más compleja.
Tal y como recuerdan desde AME, la normativa de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones en España prohíbe el uso de inhibidores de señal por parte de las administraciones, salvo para determinadas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado específicamente autorizados por motivos de seguridad nacional. Esto significa que, a día de hoy, el Ministerio de Sanidad no está legalmente habilitado para instalar este tipo de dispositivos en los recintos del MIR.
La limitación legal no elimina la preocupación de fondo: las nuevas tecnologías hacen cada vez más sencillo establecer comunicación con el exterior sin ser detectado, y los sistemas de vigilancia pensados para el móvil tradicional pueden quedarse obsoletos ante gafas, relojes o auriculares inteligentes. De ahí que tanto AME como la OMC insistan en que la auditoría debería servir también para plantear un rediseño integral de las medidas de seguridad adaptado a la realidad tecnológica actual.
Algunos representantes médicos apuntan que no basta con prohibir dispositivos, sino que hay que reforzar de forma efectiva el control en las entradas, la supervisión dentro de las aulas y la formación de los vocales para reconocer posibles herramientas de fraude. También se plantea la posibilidad de revisar la distribución de los aspirantes en las aulas, limitar el número de personas por sala o implementar otros sistemas de identificación y custodia del examen.
La sensación general entre las organizaciones profesionales es que el MIR, tal y como está planteado, sigue siendo un instrumento válido, pero que si quiere preservar su prestigio debe dar un salto cualitativo en seguridad, transparencia y control frente al fraude, antes de que los casos aislados se traduzcan en una pérdida de confianza más difícil de revertir.
Plan de mejora para futuras convocatorias
Con la polémica todavía abierta, la mirada también se dirige al futuro. El nuevo director general de Ordenación Profesional, Miguel Ángel Máñez, ha reconocido las carencias detectadas en esta convocatoria y ha anunciado un plan de trabajo para que la próxima edición sea más ágil y esté mejor blindada.
Según ha explicado, su equipo ya está revisando la próxima convocatoria de Formación Sanitaria Especializada, correspondiente al proceso 2026-2027, con el objetivo de ajustar todos aquellos puntos que han generado conflictos: plazos, comunicación con los aspirantes, gestión de incidencias, calidad del examen y mecanismos de reclamación.
Una de las piezas clave de este plan pasa por la modernización de la plataforma FSE del Ministerio de Sanidad. Está en marcha un contrato público de más de 10 millones de euros para renovar las aplicaciones de información de la Dirección General de Ordenación Profesional, tanto en lo que respecta al sistema de FSE como a otros servicios de interoperabilidad. La intención es actualizar y reforzar la infraestructura tecnológica que soporta la inscripción, la baremación, la publicación de resultados y la adjudicación de plazas.
El proyecto también contempla el desarrollo de planes de contingencia ante situaciones imprevistas que puedan afectar al proceso, aunque no estén vinculadas directamente al examen. Como ejemplo, desde el departamento se menciona el accidente ferroviario de Adamuz, que obligó a suspender durante semanas los trenes entre Madrid y Málaga y que hizo necesario fletar autobuses adicionales para garantizar la presencia de interventores en las sedes andaluzas.
En paralelo, Máñez se ha mostrado receptivo a escuchar las demandas de asociaciones como AME, si bien advierte que algunas propuestas —como la publicación de un temario oficial cerrado para Medicina— resultan complejas dada la enorme variedad de especialidades implicadas. Aun así, insiste en que la prioridad será que el proceso gane en garantías y transparencia sin perder agilidad ni capacidad de respuesta.
Tras una convocatoria marcada por fallos administrativos, sospechas de fraude y resultados estadísticos atípicos, el examen MIR 2026 ha encendido todas las alarmas sobre la fortaleza de un sistema que hasta ahora se consideraba ejemplar. La exigencia de una auditoría independiente por parte de la Asociación MIR España, respaldada por la OMC y otros colectivos, no solo busca aclarar qué ha ocurrido este año, sino también impulsar una reforma profunda de los controles de seguridad, de la gestión informática y de la transparencia del proceso. Lo que Sanidad y las organizaciones profesionales decidan en los próximos meses puede marcar si esta crisis queda como una anécdota complicada o como el punto de inflexión que obligó a replantear de arriba abajo el modelo de acceso a la formación sanitaria especializada en España.
