Debido a la angustiante situación económica y la falta de apoyo eficaz por parte de las administraciones públicas, muchos autónomos y PYMES se encuentran ante el dilema de trabajar en negro o desaparecer. En gran medida, es la presión fiscal, el peso de las cuotas de la Seguridad Social y la dificultad de acceso a financiación lo que aboca al cierre a numerosos trabajadores por cuenta propia y pequeños negocios.
Por otro lado, muchas PYMES tienen que elegir entre acabar en un Concurso de Acreedores o seguir desarrollando su actividad vulnerando la ley y engrosando las filas de la economía sumergida. Aunque el objetivo de la mayoría es respetar la legalidad, la realidad es que una parte significativa termina recurriendo al dinero en B y a la contabilidad opaca para poder sobrevivir y mantener empleos.
El peso de las PYMES y autónomos en la economía y el impacto de la economía sumergida
Hay que tener en cuenta que en nuestro país las PYMES representan la inmensa mayoría del tejido productivo y un porcentaje muy elevado del empleo total. Son precisamente esas pequeñas y medianas empresas y los autónomos los que más sufren las crisis políticas, institucionales y económicas, soportando un entorno de inseguridad jurídica, altos costes fijos y dificultades para crecer de manera sostenible.
Distintas estimaciones fiables sitúan que un porcentaje muy relevante de la actividad empresarial se ve obligado a operar en la economía sumergida. A ello se suma que el sistema tributario incide con especial dureza sobre la pequeña y mediana empresa y sobre los autónomos, mientras que parte de la gran empresa y algunas grandes fortunas utilizan ingeniería fiscal para reducir significativamente su carga impositiva efectiva.
Diversos asesores fiscales y expertos coinciden en que el sistema contributivo español resulta obsoleto en muchos aspectos. Reclaman una reforma profunda que incentive la creación de empleo estable, reduzca la presión inicial sobre los nuevos autónomos, simplifique los trámites y logre que quien más capacidad económica tiene aporte proporcionalmente más, en lugar de concentrar la carga en clases medias, trabajadores y PYMES.
Qué significa trabajar en negro para autónomos y PYMES
Cuando se habla de trabajar en negro se hace referencia a toda actividad profesional o empresarial que no se declara correctamente ante Hacienda y la Seguridad Social. En el caso de los autónomos, supone normalmente no darse de alta en el censo de actividades económicas, no registrarse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y cobrar por trabajos realizados sin emitir factura y sin repercutir IVA ni practicar retenciones de IRPF.
En las PYMES, la economía sumergida puede aparecer de varias formas: empleados sin contrato, jornadas superiores a las declaradas con parte del sueldo en B, ventas o servicios sin facturar, cobros íntegros en efectivo o cajas paralelas. Desde el punto de vista legal, estas prácticas suponen un fraude a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, ya que es obligatorio cotizar cuando se trabaja y tributar por los ingresos obtenidos.
Además, una parte del trabajo en negro se vincula a personas que cobran prestaciones por desempleo u otras ayudas mientras realizan actividades retribuidas sin declarar. En estos casos, el riesgo se incrementa, ya que se produce un doble perjuicio a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, con posibles consecuencias administrativas y penales.
Causas habituales que empujan a la economía sumergida
Las causas que explican que tantos autónomos y pequeños negocios se planteen trabajar en negro son múltiples. Entre las más habituales destacan la elevada cuota de autónomos, especialmente para quienes tienen bajos ingresos o actividades esporádicas, el coste total de contratar trabajadores (salario, cotizaciones, seguros y otros gastos) y la complejidad burocrática para ponerse al día con todas las obligaciones administrativas.
A ello se une un problema de cultura fiscal y moralidad tributaria. Una parte de la ciudadanía percibe que existe impunidad en los grandes fraudes, mientras que el control se centra en contribuyentes pequeños. Esta sensación de injusticia genera desconfianza y hace que algunos justifiquen trabajar en negro como forma de compensar lo que consideran un sistema desequilibrado.
No obstante, aunque las dificultades objetivas son reales, recurrir a la economía sumergida tiene costes ocultos muy relevantes para el propio autónomo o PYME, para sus trabajadores y para el conjunto de la sociedad, al debilitar la protección social y desplazar la carga fiscal hacia quienes sí cumplen.
Riesgos y consecuencias de trabajar en negro para autónomos y PYMES
Para el trabajador por cuenta propia, trabajar al margen de la ley implica no generar cotizaciones a la Seguridad Social, lo que reduce de forma drástica sus derechos presentes y futuros: pensión de jubilación, prestaciones por maternidad o paternidad, incapacidad temporal, incapacidad permanente, entre otras. Además, ante una inspección, la Administración puede exigir el pago de cuotas atrasadas con recargos y sanciones que, en función de la gravedad, pueden alcanzar porcentajes muy elevados sobre lo defraudado.
En el caso de las PYMES que contratan en negro, el riesgo se multiplica. Si la Inspección de Trabajo detecta a trabajadores sin alta o con jornada real superior a la declarada, la empresa puede enfrentarse a multas importantes, obligaciones de regularizar cotizaciones desde el inicio de la relación laboral y, en determinados supuestos, la conversión del trabajador en indefinido a jornada completa. Además, si se demuestra que el trabajador cobraba prestaciones mientras trabajaba, pueden derivarse consecuencias penales.
A nivel tributario, emitir facturas sin declarar el IVA, no presentar modelos obligatorios o facturar sin estar correctamente dado de alta puede suponer infracciones económicas con sanciones que van desde pequeños recargos hasta multas superiores al 100% de la deuda, más intereses. También existen recargos por retrasos en el pago de cuotas a la Seguridad Social que se incrementan progresivamente según el tiempo de demora.
Todo ello se traduce en una importante inseguridad para el proyecto empresarial: basta una inspección o una denuncia para que años de actividad irregular deriven en deudas inasumibles. Además, trabajar en negro supone una competencia desleal frente a quienes sí cumplen con todas sus obligaciones, distorsiona el mercado y dificulta que se consolide un tejido empresarial sólido y profesionalizado.
La disyuntiva entre economía sumergida o desaparición refleja un problema estructural del modelo económico y del sistema tributario. Sin embargo, optar por la vía irregular implica asumir riesgos que, a medio y largo plazo, suelen resultar más graves que los beneficios inmediatos. El diseño de políticas públicas más equilibradas, la simplificación administrativa y un reparto más justo de la carga fiscal son claves para que autónomos y PYMES puedan mantenerse en la legalidad sin verse abocados al cierre.
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Fuente: Periodista Digital | Imagen: epSos