El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha una macroconvocatoria de oposiciones con 1.180 plazas de funcionario para reforzar su Administración General y dar más estabilidad al empleo público. Se trata de una de las ofertas más amplias de los últimos años en la Comunidad, que permitirá a miles de aspirantes optar a un puesto fijo en distintos cuerpos y especialidades.
Estas plazas se dirigen a turno libre y están abiertas a cualquier persona que cumpla los requisitos generales y específicos de cada cuerpo, desde titulados universitarios hasta perfiles administrativos y auxiliares. Con este proceso, el Ejecutivo autonómico busca reducir la elevada tasa de temporalidad en la administración, ajustándose progresivamente a los límites marcados por la normativa estatal.
Un proceso que agrupa las OPE de 2023, 2024 y 2025
La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), integra en un único calendario los procesos derivados de las Ofertas de Empleo Público de 2023, 2024 y 2025. Esta acumulación tiene como finalidad agilizar la gestión de las oposiciones, evitar solapamientos y ofrecer a los candidatos un marco más claro y previsible.
En total, se han articulado 67 procesos selectivos correspondientes a diferentes cuerpos y escalas de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Todos ellos se desarrollarán bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, reforzando la transparencia de las pruebas y el acceso en condiciones de competencia justa.
Según ha explicado el director general de Administración Pública y Función Pública, Antonio Villacampa, en los últimos años el Ejecutivo aragonés ha movilizado cerca de 4.000 puestos en distintos procesos, con la vista puesta en modernizar la plantilla y adaptar los recursos humanos a las necesidades reales de la ciudadanía.
La previsión del Departamento es que los exámenes se celebren a partir de junio de 2026, con la intención de que, antes de que finalice ese año, la mayoría de las pruebas estén ya realizadas y los aspirantes que las superen se encuentren pendientes de la adjudicación de plaza.
Reparto de las 1.180 plazas por subgrupos A1, A2, C1 y C2
Las plazas ofertadas se distribuyen entre los subgrupos A1, A2, C1 y C2 de la Administración General, abarcando perfiles de alta cualificación técnica, personal sanitario, técnicos medios y puestos administrativos. Todo el detalle aparece recogido en las resoluciones publicadas en el BOA.
En el subgrupo A1 se convocan 294 plazas. Incluyen, entre otras, especialidades como Arquitectos, Economistas, Titulados Superiores de Informática, varios cuerpos de Ingenieros (Agrónomos, de Caminos, Canales y Puertos, de Minas, de Montes y de Telecomunicaciones), así como Médicos y Farmacéuticos de Administración Sanitaria y Veterinarios. Se trata de puestos que requieren titulación universitaria de grado o equivalente y que suelen implicar un alto nivel de responsabilidad técnica.
En el subgrupo A2, de carácter técnico medio, se ofertan 382 plazas. Entre ellas se encuentran especialidades como Arquitectos Técnicos, Educadores Sociales, Enfermeros, Fisioterapeutas, Ingenieros Técnicos (Agrícolas, Forestales e Industriales), Técnicos de Gestión General, Técnicos de Informática, Técnicos Medios de Gestión de Empleo y Trabajadores Sociales, entre otros. En este caso, la titulación exigida suele ser de grado, diplomatura o títulos equivalentes según marque cada convocatoria.
Para el subgrupo C1 se ponen en juego 283 plazas, orientadas a funciones de carácter administrativo y técnico de nivel medio. Dentro de este grupo se incluyen puestos como Administrativos, Analistas de Laboratorio, Delineantes, Ejecutivos de Informática, Técnicos en Educación Infantil y Agentes para la Protección de la Naturaleza. Los requisitos académicos habituales pasan por el título de Bachiller o equivalente, si bien cada cuerpo puede añadir condiciones específicas.
En el subgrupo C2 se convocan 221 plazas. Aquí se engloban perfiles como Auxiliares Administrativos, Auxiliares de Educación Especial, Ayudantes y Auxiliares de Laboratorio, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Agentes para la Protección del Patrimonio Cultural. Para estos puestos se suele exigir como mínimo el título de Educación Secundaria Obligatoria o un nivel formativo similar reconocido en las bases.
Objetivo: bajar la temporalidad y estabilizar el empleo público
Más allá del volumen de plazas, el eje central de esta convocatoria es la lucha contra la temporalidad en la Administración autonómica. En la actualidad, el porcentaje de personal temporal se sitúa en torno al 27%, una cifra que el Gobierno de Aragón quiere rebajar de forma significativa en los próximos años.
Antonio Villacampa ha recordado que esta oferta responde a la obligación legal de reducir la interinidad y acercarse al límite del 8% fijado a nivel estatal. Con las 1.180 plazas de turno libre ahora convocadas, el Ejecutivo calcula que podría bajarse la temporalidad hasta en torno al 15%. Además, con la futura Oferta de Empleo Público de 2026, que se prevé aprobar en el primer trimestre, se aspira a situar la tasa por debajo del 10%.
Desde el Departamento insisten en que estos procesos no son puntuales, sino parte de una estrategia sostenida de estabilización del empleo público, que combina oposiciones de turno libre con procesos de promoción interna y convocatorias específicas para personal laboral y colectivos con reserva de plazas.
El propio director general ha subrayado que, aunque se ha avanzado alrededor de un 15% en la reducción de la temporalidad desde el inicio de la legislatura, todavía queda margen de mejora. El objetivo es que la mayoría de los puestos que hoy ocupan interinos y temporales pasen a ser desempeñados por funcionarios de carrera o personal laboral fijo, aportando más continuidad y calidad al servicio público.
Novedades en las pruebas: más test, menos ejercicios y temarios actualizados
Los procesos selectivos incorporan cambios importantes diseñados para hacerlos más ágiles, objetivos y manejables para los aspirantes. Una de las principales novedades es la simplificación de la estructura de los ejercicios, reduciendo el número de pruebas en algunas especialidades para evitar convocatorias excesivamente largas y complejas.
Además, se generaliza la utilización del formato tipo test en buena parte de las pruebas, tanto en la parte teórica como, en algunos casos, en supuestos prácticos adaptados a este sistema. La intención es homogeneizar criterios de corrección, reforzar la transparencia y facilitar que los tribunales puedan evaluar un número elevado de candidatos sin dilaciones.
Otra modificación relevante es la revisión y reducción de los temarios. Los contenidos se han ajustado y actualizado para adaptarlos a la normativa vigente y a las funciones reales de cada puesto, eliminando materias obsoletas o redundantes. Con ello se pretende que el estudio sea exigente, pero más centrado en lo verdaderamente útil para el desempeño del trabajo.
Estas novedades responden a los criterios fijados en el Acuerdo de 9 de julio de 2025 del Gobierno de Aragón, desarrollado mediante la Orden HAP/1077/2025, de 14 de agosto, publicada en el BOA número 168 de 1 de septiembre de 2025. En ese marco se establecieron las bases para modernizar el acceso al empleo público autonómico, haciendo los procesos más claros tanto para la Administración como para los opositores.
Requisitos generales y necesidad de revisar cada convocatoria
Aunque los detalles concretos varían en función del cuerpo y la especialidad, todas las plazas de turno libre comparten una serie de requisitos generales habituales en las oposiciones de la Administración pública española. Entre ellos se encuentra tener la nacionalidad española o, en su caso, la de otro Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos por la ley, así como ser mayor de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
También se exige, con carácter general, no haber sido separado del servicio de ninguna Administración pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, además de poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas propias del puesto. En el plano académico, cada subgrupo exige un nivel de estudios específico, que va desde titulaciones universitarias de grado o nivel superior hasta el título de ESO o equivalentes.
Los aspirantes deben prestar especial atención a la titulación requerida en cada proceso, ya que la categoría profesional (A1, A2, C1, C2) marca el nivel mínimo de estudios, pero cada cuerpo puede añadir requisitos adicionales. Por ejemplo, en determinados puestos sanitarios o técnicos puede pedirse colegiación, formación específica o acreditación de competencias concretas.
Otro aspecto clave es la forma de inscripción y el pago de tasas. Toda la información relativa al procedimiento de solicitud, plazos, cuantía de las tasas y posibles exenciones o bonificaciones para determinados colectivos se detalla en las resoluciones publicadas en el BOA. Las personas interesadas deben revisar con calma cada convocatoria para evitar errores en la tramitación, ya que una inscripción incorrecta puede dejar fuera de la oposición.
Reservas de plazas y colectivos con condiciones específicas
Las oposiciones del Gobierno de Aragón recogen también medidas de acción positiva para favorecer el acceso de determinados colectivos, de acuerdo con la normativa vigente en materia de empleo público y no discriminación. Entre estas medidas se incluye la reserva de plazas para personas con discapacidad, que se articula a través de turnos específicos y condiciones adaptadas en las pruebas cuando sea necesario.
En paralelo a las 1.180 plazas de turno libre, la Administración autonómica ha anunciado que, en el próximo mes de enero, se publicarán las convocatorias del resto de puestos incluidos en las OPE de 2023, 2024 y 2025. En total, se trata de 1.071 plazas adicionales que se reparten en varios bloques: 672 plazas de promoción interna para personal funcionario, 270 destinadas a personal laboral, 83 reservadas para personas con discapacidad y 46 para otros cuerpos de funcionarios. Estas convocatorias adicionales complementan las ofertas anunciadas en el BOA y amplían las opciones de estabilización del empleo.
Estas plazas complementarias servirán para impulsar la carrera profesional del personal ya en activo, dar salida a la estabilización del personal laboral y consolidar la reserva de puestos para personas con discapacidad, cumpliendo así los compromisos legales y las políticas de inclusión social.
En algunos cuerpos concretos, como administradores superiores, interventores e inspectores financieros, sociólogos y politólogos, técnicos superiores de protocolo o superiores de gestión de empleo, se prevén estructuras de pruebas diferenciadas, adaptadas a la singularidad de sus funciones y a las exigencias técnicas propias de estos perfiles.
Calendario previsto y horizonte de reforma normativa
La intención del Gobierno de Aragón es que el proceso selectivo no se prolongue más de lo estrictamente necesario. De ahí que se haya fijado como referencia que los principales ejercicios se celebren en junio de 2026, con la aspiración de que, antes de acabar ese mismo año, la mayoría de los procesos estén ya corregidos y con las listas de aprobados publicadas.
Paralelamente a la convocatoria de plazas, el Departamento competente en función pública trabaja en una nueva Ley de Función Pública de Aragón, concebida como una norma integral para actualizar la regulación de la carrera profesional, la selección de personal y la organización interna. Sin embargo, esta reforma ha quedado aplazada a la próxima legislatura debido a la falta de mayoría suficiente en las Cortes y al adelanto electoral.
Según ha indicado Antonio Villacampa, el texto de la ley se encuentra ya redactado, pero su tramitación parlamentaria requiere tiempos largos y un debate político profundo, por lo que no se considera oportuno impulsarla en un final de legislatura. La idea del Gobierno es presentar el proyecto a las nuevas Cortes en cuanto se constituyan, con el objetivo de contar con una norma moderna y más completa que aborde aspectos que la legislación vigente no termina de cubrir.
Mientras tanto, la prioridad a corto plazo sigue siendo consolidar las plantillas mediante oposiciones periódicas y bien planificadas, de manera que la Administración pueda responder con más solvencia a las necesidades de la población aragonesa, tanto en servicios sociales y sanitarios como en ámbitos técnicos, ambientales y administrativos.
Con todo este paquete de medidas, las oposiciones para las 1.180 plazas de funcionario del Gobierno de Aragón se perfilan como una oportunidad relevante para quienes quieren desarrollar su carrera profesional en el sector público, al tiempo que suponen un paso importante en la estabilización del empleo y la modernización de la Administración autonómica, en coordinación con las futuras convocatorias y con la anunciada reforma de la normativa de función pública.
