El Gobierno central y los principales sindicatos de la función pública han dado un paso decisivo para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración Pública estatal a partir de febrero. Tras varias reuniones de seguimiento y negociación, el Ministerio de Función Pública se ha comprometido a activar en enero los trabajos técnicos necesarios para que la reducción horaria sea una realidad en la Administración General del Estado (AGE) en cuestión de semanas.
Este cambio supondrá que decenas de miles de empleados públicos que hoy trabajan 37,5 horas a la semana pasen a una jornada estándar de 35 horas, algo que en otros niveles de la Administración ya se venía aplicando desde los años noventa. El acuerdo llega acompañado de otros compromisos, como el despliegue definitivo del teletrabajo y el desarrollo de los puntos pendientes de los grandes pactos laborales firmados con los sindicatos en los últimos años.
Qué se ha acordado exactamente sobre las 35 horas
Según han explicado tanto Función Pública como las organizaciones sindicales (CSIF, UGT Servicios Públicos y FSC-CCOO), el compromiso del Ejecutivo pasa por poner en marcha la jornada de 35 horas en la AGE a partir de febrero, aunque las partes admiten que la complejidad técnica podría desplazar la aplicación práctica a marzo. En todo caso, la intención del ministerio que dirige Óscar López es que el calendario no se alargue más allá de ese horizonte.
Para que la reducción se haga efectiva será necesaria una nueva resolución de jornada y horario de la Secretaría de Estado de Función Pública que sustituya a la actual. Este nuevo marco regulará de forma homogénea la jornada semanal del personal funcionario y laboral de la Administración General del Estado y marcará las posibles adaptaciones para servicios con necesidades especiales.
En términos cuantitativos, la medida afectará a un colectivo superior a las 245.000 personas empleadas en la Administración General del Estado, según los últimos datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Dentro de este grupo se incluyen, entre otros, trabajadores de ministerios, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales, autoridades administrativas independientes, determinadas universidades públicas no transferidas y otros entes de derecho público.
Las organizaciones sindicales subrayan el carácter simbólico del acuerdo, al tratarse de la primera vez que la Administración estatal adopta de forma generalizada una jornada de 35 horas. UGT, a través de su secretario de Administración del Estado, Carlos Álvarez, ha calificado el compromiso como un hito largamente reclamado por los empleados públicos del ámbito estatal.
Desde el Ministerio de Función Pública se ha trasladado que en enero se celebrarán reuniones con todos los departamentos ministeriales para adaptar la nueva jornada a la realidad de cada servicio. Ahí se evaluarán, caso por caso, las necesidades de atención al público, turnos especiales, guardias u otras particularidades que puedan requerir ajustes específicos.
A quién afecta y quién queda fuera de la reducción de jornada
Uno de los puntos que más se ha querido aclarar desde el principio es el alcance real de la medida. La reducción de jornada se limitará al personal de la Administración General del Estado y no se extenderá, al menos de manera automática, a otros niveles administrativos. Es decir, no modifica la jornada de los empleados de las comunidades autónomas ni de las entidades locales, que mantienen su propia negociación colectiva y sus referencias normativas.
El acuerdo incorpora además una exclusión expresa para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sus condiciones de trabajo, por el tipo de funciones que desempeñan, se rigen por marcos específicos y no se ven afectadas por este pacto de Función Pública con los sindicatos de la AGE.
Pese a ello, las organizaciones sindicales consideran que la decisión del Gobierno central puede servir como referencia para autonomías y ayuntamientos. Allí donde no se haya implantado todavía la jornada de 35 horas, el hecho de que la Administración estatal dé este paso podría reactivar o reforzar las negociaciones para extenderla, especialmente en corporaciones locales que ya se miran en el espejo de sus comunidades o del Estado.
En el ámbito municipal, el avance ha sido más irregular: hay ayuntamientos que ya han incorporado esta jornada, mientras que otros continúan con marcos laborales diferentes. Entre los casos más destacados se encuentra el Ayuntamiento de Barcelona, que acaba de cerrar un preacuerdo con los sindicatos para aplicar las 35 horas, movimiento que se suma a la tendencia de varios consistorios de gran tamaño.
Funcionarios y laborales de la AGE que se beneficien de esta jornada reducida estarán repartidos entre ministerios y organismos diversos, por lo que la organización concreta del tiempo de trabajo podrá variar en función de si el puesto está ligado a atención directa al ciudadano, tareas internas, servicios críticos o funciones de soporte. De ahí la insistencia del Gobierno en abordar la aplicación con cada departamento antes de emitir la resolución definitiva.
Contexto histórico: de los años noventa a los recortes y la recuperación
La jornada de 35 horas no es nueva en la función pública española. Desde la década de los noventa, muchas administraciones autonómicas y locales fueron incorporando progresivamente este modelo de horario, que se convirtió en una seña de identidad de la negociación colectiva en determinados territorios. Sin embargo, la Administración General del Estado quedó al margen y mantuvo jornadas más extensas.
La situación se endureció con la crisis financiera y los ajustes aprobados en 2012, cuando se impuso de manera general la jornada de 37,5 horas semanales como mínimo y se prohibieron expresamente las jornadas inferiores en el conjunto de las administraciones públicas. Esto supuso la desaparición o congelación de muchas experiencias de 35 horas que estaban ya consolidadas.
Esa prohibición se mantuvo hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que abrieron la puerta a que comunidades autónomas y ayuntamientos recuperaran o implantaran de nuevo la jornada reducida, siempre que lo permitieran sus cuentas y sus acuerdos de negociación. Desde entonces, numerosas administraciones territoriales han ido retomando ese horario en buena parte de sus servicios.
Con este nuevo paso, la AGE se pone al día respecto a esos avances, aunque lo hace con cierto retraso respecto a quienes ya llevaban años disfrutando de la jornada reducida. Los sindicatos recuerdan que el personal de la Administración estatal ha reclamado reiteradamente equiparar sus condiciones con las de otros ámbitos públicos, alegando motivos de salud laboral, conciliación y mejora de la organización del trabajo.
Este contexto explica por qué las organizaciones sindicales hablan de una medida “histórica”: no tanto por ser una novedad absoluta, sino porque cierra una brecha interna entre distintos niveles de la Administración y sitúa por primera vez a la AGE en el grupo de instituciones que aplican de forma generalizada las 35 horas.
Teletrabajo: el otro gran frente abierto
Junto a la reducción de jornada, Gobierno y sindicatos han acordado dar un nuevo impulso al despliegue del teletrabajo en la Administración General del Estado. Este asunto figura desde 2021 en un acuerdo marco suscrito entonces por el ministro Miquel Iceta y las principales organizaciones sindicales, pero su desarrollo ha sido más lento de lo previsto.
Las partes reconocen que, a diferencia de la jornada de 35 horas, el teletrabajo no tiene aún una fecha cerrada de implantación plena. La idea es aprovechar las reuniones de enero para retomar el acuerdo previo y concretar cuestiones clave: qué puestos son aptos para trabajar a distancia, qué dotación tecnológica será necesaria, cómo se controlará la actividad o qué derechos y obligaciones tendrán quienes opten por esta modalidad.
Aquel pacto de 2021 ya establecía algunos principios básicos, como que el teletrabajo sería voluntario y reversible, que no supondría merma de derechos ni cambios en las obligaciones profesionales respecto al trabajo presencial y que, con carácter general, se podía contemplar un modelo de tres días de trabajo remoto y dos presenciales, siempre sujeto a las necesidades del servicio.
Los sindicatos admiten que el desarrollo normativo del teletrabajo será más gradual y complejo que la simple fijación de una nueva jornada semanal. En la práctica, requerirá acuerdos específicos en cada departamento, inversiones en herramientas digitales, adaptación de los sistemas de gestión de personal y una regulación clara de los mecanismos de evaluación del desempeño.
Pese a estas dificultades, todas las partes coinciden en que la pandemia y la experiencia acumulada en los últimos años han demostrado que el trabajo a distancia puede encajar en buena parte de los puestos de la AGE, siempre que se haga con planificación y garantías. La expectativa es que, una vez completado el despliegue, el teletrabajo se convierta en un elemento estructural de la organización del empleo público estatal, no en una solución excepcional.
Subidas salariales, atrasos y otros compromisos ligados al acuerdo
La negociación sobre la jornada de 35 horas y el teletrabajo se está llevando a cabo dentro de los mecanismos de seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI y del nuevo Acuerdo Marco de Condiciones Laborales, donde se recogen también otros compromisos importantes relativos a retribuciones y modernización del empleo público.
En este contexto, Función Pública ha informado a las organizaciones sindicales de que los empleados de la Administración General del Estado cobrarán en diciembre una subida salarial del 2,5% correspondiente a 2025, junto con los atrasos generados desde enero de ese mismo ejercicio. Dicho abono se efectuará a través de la nómina de diciembre o mediante una paga adicional, en función de la organización de cada unidad de personal.
El ministerio confía en que la mayoría de las comunidades autónomas trasladen también este incremento a sus plantillas en estas fechas, aunque algunas ya han anunciado que retrasarán el pago a la nómina de enero. La normativa publicada en el BOE permite, además, que autonomías y ayuntamientos distribuyan el abono de los atrasos a lo largo de varios años, entre 2026 y 2028, para suavizar su impacto presupuestario.
Otro de los puntos abordados es la actualización e igualación de las indemnizaciones por razón del servicio, es decir, las dietas y compensaciones ligadas a desplazamientos o comisiones de servicio, que permanecen congeladas desde 2002. El Ministerio de Hacienda ha trasladado su disposición a revisar estos importes, una reivindicación que los sindicatos consideran especialmente urgente por el encarecimiento acumulado del coste de la vida en más de dos décadas.
Además, en las comisiones de seguimiento se ha acordado la creación o refuerzo de grupos de trabajo específicos sobre materias como Empleo Público, Salud Laboral, Igualdad, Digitalización e Inteligencia Artificial, así como la puesta en marcha de un Observatorio del Empleo Público que permita conocer mejor el estado de las plantillas y los perfiles profesionales necesarios en los próximos años.
El papel de los sindicatos y las próximas citas en la negociación
En esta fase de la negociación participan de forma activa las principales organizaciones representativas del sector: CSIF, UGT Servicios Públicos y Comisiones Obreras (FSC-CCOO). Estas entidades eran ya firmantes del anterior Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI y del nuevo Acuerdo de Condiciones Laborales, por lo que su presencia en las mesas de seguimiento es clave para concretar los compromisos pendientes.
Durante las últimas reuniones, los sindicatos han insistido en que la jornada de 35 horas se implante sin pérdida retributiva ni compensaciones encubiertas, y que las posibles excepciones se limiten a aquellos servicios en los que resulte materialmente imposible reorganizar el tiempo de trabajo. También han reclamado que el despliegue del teletrabajo garantice igualdad de oportunidades y evite discriminaciones entre departamentos o perfiles profesionales.
CSIF ha planteado, además, la creación de nuevos grupos de trabajo sobre cuestiones como Promoción Interna y Clasificación Profesional, Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, y Derechos Laborales, con el objetivo de abordar temas que consideran “reivindicaciones históricas” de los empleados estatales y que van más allá de la jornada o el salario.
Está previsto que el próximo 29 de enero se celebre una nueva reunión de la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco, en la que se constituirán formalmente los diferentes grupos y se fijará un calendario de trabajo para los meses siguientes. En esa cita también se hará balance del grado de avance en la preparación de la jornada de 35 horas y en la regulación del teletrabajo en cada ministerio.
En paralelo, la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI elevará a la Mesa General de Negociación de la AGE las propuestas concretas sobre jornada y teletrabajo, de modo que las decisiones finales queden recogidas en el ámbito formal de negociación colectiva que marca la normativa de función pública.
Las medidas acordadas —reducción de la jornada a 35 horas, impulso del teletrabajo, revisión salarial y actualización de indemnizaciones— suponen una reordenación de calado en las condiciones laborales del personal de la Administración General del Estado. Si se cumplen los plazos previstos, el inicio de año estará marcado por cambios significativos en el tiempo de trabajo, la organización interna y la forma de prestar servicios públicos, con la mirada puesta en compatibilizar la mejora de las condiciones laborales con la calidad de la atención a la ciudadanía.
