El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al proyecto de ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, una reforma que lleva más de dos décadas esperando y que ahora inicia su andadura parlamentaria. La aprobación, sin embargo, no ha estado exenta de polémica, ya que los sindicatos médicos han mostrado su rechazo frontal y amenazan con una huelga indefinida si no se atienden sus demandas.
El texto, que sustituye a la normativa de 2003, busca modernizar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, pero ha generado un profundo desencuentro entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico. Mientras el departamento que dirige Mónica García defiende que supone una mejora sustancial, los facultativos consideran que no resuelve sus reivindicaciones históricas y que incluso empeora su situación.
Un proyecto que llega al Congreso con polémica
La ministra portavoz, Elma Saiz, ha confirmado que el texto se remitirá a las Cortes Generales, donde los grupos políticos tendrán la oportunidad de posicionarse. Según ha explicado, se trata de una reforma pendiente desde hace 23 años que ‘supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales’. Sin embargo, la oposición de los sindicatos médicos y de varias comunidades autónomas pone en duda su viabilidad.
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha denunciado la cerrazón y el empecinamiento del Ministerio y ha advertido de que el proyecto no cuenta con el apoyo parlamentario necesario. ‘Los partidos de la oposición han manifestado su rechazo a la reforma y existen también posiciones críticas entre formaciones cuyos votos son relevantes’, señalan desde el comité de huelga. La incertidumbre es máxima, y los médicos ya han anunciado un nuevo calendario de movilizaciones por el Estatuto Marco.
Las claves del nuevo Estatuto Marco
Entre las novedades más destacadas, el Estatuto reduce la jornada máxima semanal de 48 a 45 horas, incluyendo las guardias, y limita estas a un máximo de 17 horas, frente a las 24 actuales. Además, se establece un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas y se garantiza que no se pueda obligar a trabajar una jornada ordinaria inmediatamente después de una guardia. Las comunidades autónomas podrán incluso reducirlas a 12 horas si así lo acuerdan.
El texto también introduce la obligación de convocar procesos selectivos al menos cada dos años para reducir la temporalidad, y amplía los derechos de conciliación, incluyendo la desconexión digital y la protección frente a las agresiones. Se crea un Registro Estatal de Personal Estatutario para una mejor planificación de los recursos humanos. Además, se reconoce la figura del personal investigador y se profesionaliza la función directiva.
La postura de los médicos y los acuerdos autonómicos
Los médicos, a través del comité de huelga, insisten en que sus reivindicaciones no se han resuelto: reclaman un ámbito de negociación propio, una clasificación profesional diferenciada, una jornada de 35 horas y que las guardias sean retribuidas como horas ordinarias. ‘Cada vez que sale la palabra médico en el texto es para añadir una excepción que discrimina y empeora nuestras condiciones’, denuncian desde Metges de Catalunya.
Pese al conflicto, en los últimos meses se han logrado acuerdos con varias comunidades autónomas, como Andalucía, Euskadi, Valencia o Galicia. En Andalucía, por ejemplo, se ha pactado la creación de mesas de trabajo y mejoras en conciliación, lo que ha llevado al Sindicato Médico Andaluz a considerar difícilmente compatible una huelga indefinida en esa región. Estos pactos refuerzan la postura del Ministerio, que insiste en que las competencias laborales están en manos de las autonomías.
En definitiva, el Estatuto Marco sigue su curso, pero con un futuro incierto. La aprobación en Consejo de Ministros es solo el primer paso de un largo camino que ahora pasa por el Congreso, donde la aritmética parlamentaria es desfavorable. Mientras tanto, los médicos mantienen su pulso y no descartan una huelga indefinida. Lo que está claro es que la reforma, aunque necesaria, no ha logrado el consenso que se esperaba, y el conflicto está lejos de resolverse.
