La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires no es solo un edificio imponente frente a la Plaza Francia: es un auténtico símbolo de la educación jurídica en Argentina y en toda la región. Su sede, con una fachada clásica de grandes columnas, ha sido escenario de debates públicos, actos académicos, manifestaciones estudiantiles y ceremonias que han marcado generaciones de juristas.
Quien recorre Buenos Aires y se acerca a esta zona de Recoleta suele quedarse sorprendido por la magnitud arquitectónica y la intensa vida académica que se respira en la Facultad. A la tradición histórica se suma un fuerte compromiso con los cambios sociales, la democratización del acceso a la universidad pública y la constante adaptación de sus planes de estudio a las nuevas demandas del Derecho contemporáneo.
Actos académicos y comunidad docente
Uno de los rasgos que mejor reflejan la vida institucional es la frecuencia de actos académicos y reconocimientos a quienes integran la comunidad. El 11 de diciembre tuvo lugar una ceremonia especial en la que se entregaron diplomas y medallas a profesores y profesoras de la Facultad, en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la enseñanza del Derecho.
En ese acto participaron el decano Leandro Vergara, la vicedecana Silvia Nonna, el secretario académico Lucas Bettendorff, el secretario de Extensión Universitaria Oscar Zoppi, la secretaria de Investigación Luciana B. Scotti, el director de la Escuela de Posgrado Daniel Pastor y la consejera directiva Mary Beloff. Estos eventos ponen en evidencia la relevancia que la institución concede al rol docente y al fortalecimiento de su planta académica.
Carreras de grado en la Facultad de Derecho UBA
La Facultad ofrece cuatro carreras de grado principales, todas ellas estructuradas sobre la base del Ciclo Básico Común (CBC), que funciona como puerta de entrada a los estudios universitarios en la UBA:
- Abogacía
- Traductorado Público
- Calígrafo Público
- Profesorado para la Enseñanza Media y Superior de Ciencias Jurídicas
En el primer año todas estas titulaciones se apoyan en el CBC, donde se cursan seis o siete asignaturas, según la carrera elegida. Este ciclo introductorio suele completarse en aproximadamente un año, salvo que el estudiante decida cursar las materias con un ritmo diferente.
La carrera de Abogacía: estructura y orientaciones
La titulación de Abogacía es la más masiva de la Facultad, con decenas de miles de estudiantes. Si se cuenta el año del CBC, la duración estimada ronda los siete años, aunque el tiempo real depende del ritmo personal de cursada y aprobación de exámenes.
Durante el CBC, quienes aspiran a ser abogados deben completar un conjunto de materias obligatorias que aportan una base interdisciplinar: Introducción al Pensamiento Científico (IPC), Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (ICSE), Principios Generales de Derecho Privado, Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, Sociología y Ciencia Política. Esta combinación permite abordar el fenómeno jurídico desde perspectivas filosóficas, sociales, políticas y estrictamente normativas.
Al superar el CBC se accede al llamado Ciclo Profesional, que se divide en dos grandes tramos: el Ciclo Profesional Común (CPC) y el Ciclo Profesional Orientado (CPO). Este diseño busca que todos los futuros abogados cuenten con una sólida formación general antes de especializarse.
El Ciclo Profesional Común está compuesto por catorce asignaturas, doce cuatrimestrales y dos anuales, que deben cursar todos los estudiantes independientemente de la orientación que elijan después. Una vez cumplidos estos requisitos se otorga el título intermedio de Bachiller Universitario en Derecho, que acredita la adquisición de una base jurídica amplia.
Además, quienes hayan completado el CPC pueden obtener el título de Procurador si aprueban las asignaturas Derecho de Familia y Sucesiones, Sociedades Civiles y Comerciales y dos cursos cuatrimestrales del Departamento de Derecho Procesal y Práctica Profesional, exigiéndose que al menos uno de ellos se refiera a Derecho Administrativo.
El Ciclo Profesional Orientado tiene como meta la profundización en áreas específicas de la práctica jurídica. Las orientaciones disponibles son:
- Derecho Público, con posibilidad de elegir suborientaciones en Derecho Administrativo o Derecho Internacional Público, o bien cursar ambas.
- Derecho Privado.
- Derecho Penal.
- Derecho Empresarial.
- Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
- Derecho Tributario.
- Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario.
Este tramo se organiza bajo un sistema de cursos medidos por puntos. Cada departamento ofrece distintas materias, y cada punto equivale a doce horas de clase. De esta manera, un curso de cuarenta y ocho horas aporta cuatro puntos. Para completar el CPO, además de aprobar cinco materias obligatorias para todas las orientaciones (Derecho Internacional Público, Sociedades Civiles y Comerciales, Derecho de Familia y Sucesiones, Finanzas Públicas y Derecho Tributario y Derecho Internacional Privado), es necesario acumular 64 puntos repartidos de la siguiente forma:
- 20 puntos en la orientación elegida.
- 8 puntos de libre elección, distribuidos en al menos dos departamentos.
- 4 puntos en el área de Derecho Constitucional Profundizado.
- 4 puntos en la asignatura Derecho de la Integración.
- 4 puntos en el Departamento de Ciencias Sociales.
- 4 puntos en el Departamento de Filosofía del Derecho.
- 6 puntos en el Departamento de Derecho Procesal y actividades de clínica jurídica (con la exigencia de que al menos dos puntos correspondan a cursos sobre métodos alternativos de resolución de conflictos y otros dos a Procedimientos de Prevención y Resolución de la Insolvencia).
- 14 puntos en el Departamento de Práctica Profesional.
Como complemento, el plan requiere tres niveles de lecto-comprensión de textos jurídicos en una lengua extranjera, con una carga de 64 horas por nivel, reforzando así la capacidad de manejar bibliografía y jurisprudencia internacional.
En el plan de 1985 existía una orientación denominada Orientación General dentro del CPO, que permitía una formación menos específica; sin embargo, esta variante fue eliminada en el plan de 2004 en favor de perfiles más definidos.
Traductorado Público: perfil jurídico y lingüístico
La carrera de Traductorado Público combina un fuerte enfoque en idiomas con una base sólida de Derecho. Al igual que el resto de las titulaciones, requiere primero la aprobación del CBC, cuya malla incluye las asignaturas Introducción al Pensamiento Científico, Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado, Principios Generales del Derecho Latinoamericano, Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, Sociología y Semiología.
Al incorporarse formalmente a la carrera, los estudiantes deben rendir dos exámenes de ingreso específicos: uno escrito de castellano y otro, escrito y oral, del idioma extranjero elegido. La Facultad concede tres oportunidades al año para aprobar estas pruebas, lo que permite ajustar la planificación en función del nivel de cada aspirante.
El plan de estudios tradicional de Traductorado se estructura en dos bloques: por un lado, materias específicas de traducción y lengua (nueve anuales y una cuatrimestral, que abarcan Lengua I a VI, Traducción I a VI, Régimen Legal del Traductor Público y Sistemas Jurídicos Contemporáneos); por otro, asignaturas de formación jurídica compartidas con la carrera de Abogacía.
Entre las materias de Derecho que comparten ambas carreras se encuentran Teoría General del Derecho, Teoría del Estado, Elementos de Derecho Civil, Obligaciones Civiles y Comerciales, Elementos de Derecho Comercial, Derecho Constitucional, Contratos Civiles y Comerciales, Elementos de Derechos Reales y Derecho de Familia y Sucesiones, en el marco del denominado plan viejo.
Con la reforma curricular establecida para quienes ingresaron a partir de 2009, se mantuvieron las asignaturas jurídicas, incorporando contenidos adicionales como Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal, y se reconfiguraron por completo las materias propias del Traductorado, que pasaron a ser 22. El CBC, en cambio, se conservó sin cambios para esta carrera. Aquellos estudiantes que iniciaron sus estudios bajo el plan anterior de 1987 dispusieron de plazo hasta 2013 para finalizar el trayecto con ese esquema.
Calígrafo Público y Profesorado de Ciencias Jurídicas
La carrera de Calígrafo Público está pensada para formar especialistas en pericia caligráfica y documental, con una base jurídica relevante. Para acceder, es imprescindible aprobar determinadas materias del CBC: Introducción al Pensamiento Científico, Trabajo y Sociedad y Principios Generales del Derecho Latinoamericano. Una vez sorteada esta etapa, el plan incluye once asignaturas anuales y catorce cuatrimestrales, que abarcan tanto contenidos técnicos de grafística, documentología y pericia, como una formación legal que permite intervenir con solvencia en procesos judiciales y administrativos.
Por su parte, el Profesorado para la Enseñanza Media y Superior de Ciencias Jurídicas prepara graduados con perfil pedagógico para desempeñarse en la docencia de materias de Derecho en instituciones de nivel medio y superior. Aunque en el texto original se detallan menos aspectos específicos de este título, se integra dentro de la oferta de grado y comparte la lógica general del CBC seguido de una etapa profesional orientada a la didáctica y a la profundización en contenidos jurídicos clave.
Gobierno de la Facultad y autoridades
La estructura de gobierno de la Facultad se basa en la combinación de representatividad y conducción académica. El máximo órgano colegiado es el Consejo Directivo, junto con la figura del Decano, y regula los procedimientos administrativos universitarios. El Consejo está integrado por dieciséis miembros: ocho representantes del claustro de profesores, cuatro del claustro de graduados y cuatro del claustro de estudiantes.
Los profesores consejeros tienen mandatos de cuatro años, mientras que los representantes de graduados y estudiantes desempeñan sus funciones durante dos años. Esta composición asegura la participación de todos los sectores de la comunidad en las decisiones estratégicas de la institución.
El Decano, que debe ser necesariamente un profesor de la casa, es elegido por el Consejo Directivo y ejerce su cargo durante cuatro años, con la posibilidad de ser reelegido una sola vez para un periodo adicional. En caso de fallecimiento, enfermedad, ausencia, suspensión o renuncia, es reemplazado por el Vicedecano, que se elige simultáneamente y debe pertenecer al propio Consejo.
El actual Decano es el Dr. Leandro Vergara, en el cargo desde el 1 de agosto de 2022, en reemplazo del Dr. Alberto Bueres. Este había sucedido previamente a la Dra. Mónica Pinto, profesora de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos y Garantías, reconocida además por haber sido la primera mujer en ocupar el máximo cargo de la Facultad.
Entre las autoridades también se encuentra la vicedecana Silvia Nonna. A ello se suma la conducción del Centro de Estudiantes, gremio que representa al alumnado y que actualmente está encabezado por la Agrupación Reformista Nuevo Derecho. Su presidenta es la joven Eliana Gramajo, lo que ilustra el protagonismo de las nuevas generaciones en la vida institucional.
Composición del Consejo Directivo
El Consejo Directivo se organiza por claustros. En el Claustro de Profesores se distingue entre titulares y suplentes. Entre los titulares figuran, por ejemplo, Mary Beloff, Juan Pablo Mas Velez, Marcela I. Basterra, Daniel R. Vítolo, Leila Devia, Alejandro Alagia, Graciela Medina y Gonzalo Alvarez, mientras que entre los suplentes se encuentran Adelina Loianno, Marcelo Gebhardt, Silvia Nonna, Alfredo Vítolo, Nancy Cardinaux, Juan Pablo Mugnolo, María Blanca Noodt Taquela y Claudio E. Martyniu.
En el Claustro de Graduados también hay consejeros titulares y suplentes. Entre los titulares se cuentan nombres como Raúl M. Alfonsín, Silvia Bianco, Enrique Rodríguez Chiantore, Fabián Leonardi y Martín Río, mientras que como suplentes figuran Elisa Romano, Silvia A. Bordón y Romina Nieto Coronel, entre otros. Esta diversidad de representantes pretende reflejar la pluralidad de visiones profesionales en el ámbito jurídico.
El Claustro de Estudiantes incluye consejeros titulares como Micaela Castañeda, Luciana Gallardo, Sebastián Fernández Jaichenco y Juan Martín Sala, y suplentes como Ramiro Soules, Joaquín Santos, Trinidad Acuña Bianchi y Lucien Rocío Palacios Gava. La participación estudiantil en el Consejo garantiza que las decisiones sobre planes de estudio, reglamentos y política académica tengan en cuenta la perspectiva de quienes cursan diariamente en las aulas.
Departamentos académicos y organización interna
La actividad docencia e investigación de la Facultad se articula a través de numerosos departamentos especializados, cada uno con un director a cargo. Entre los más relevantes se encuentran:
- Departamento de Ciencias Sociales (Director: Dr. Ricardo Rabinovich-Berkman).
- Departamento de Derecho Económico y Empresarial (Director: Dr. Héctor O. Chómer).
- Departamento de Derecho Penal y Criminología (Directora: Dra. Mary Beloff).
- Departamento de Derecho Privado I (Director: Dr. Oscar Ameal).
- Departamento de Derecho Privado II (Director: Dr. Carlos Clerc).
- Departamento de Derecho Público I (Director: Dr. Horacio Sanguinetti).
- Departamento de Derecho Público II (Director: Dr. Calogero Pizzolo).
- Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (Director: Dr. Mario Ackerman).
- Departamento de Filosofía del Derecho (Director: Dr. Martín D. Farrell).
- Departamento de Derecho Procesal (Director: Dr. Héctor Osvaldo A. Gozaíni).
- Departamento de Práctica Profesional (Directora: Dra. Virginia Badino).
Estos departamentos no solo se ocupan de la organización de la oferta de cursos de grado y posgrado, sino que además impulsan actividades de investigación, seminarios, jornadas y clínicas jurídicas. De este modo, el estudiantado entra en contacto con problemas jurídicos actuales y con debates doctrinarios de alto nivel.
Matrícula y datos de alumnos
Los datos estadísticos disponibles para los años 2002, 2003 y 2004 muestran la enorme magnitud de la población estudiantil de la Facultad. En 2002, por ejemplo, se registraron 29.170 estudiantes cursando Abogacía, 2.749 en Traductorado y 120 en Calígrafo Público, lo que dio un total de 32.039 alumnos en esas tres carreras.
En cuanto a egresados de ese año, 2.387 finalizaron Abogacía, 44 Traductorado Público y 8 Calígrafo Público, sumando 2.439 titulados. En 2003, el número de estudiantes cursando Abogacía fue de 29.141, Traductorado 2.205 y Calígrafo 83, para un total de 31.429. Los egresados ese año fueron 2.712 en Abogacía, 40 en Traductorado y 11 en Calígrafo, con un total de 2.763.
En 2004 se observa un incremento notable: 31.878 alumnos de Abogacía, 1.041 de Traductorado y 34 de Calígrafo, sumando 32.953 estudiantes. Los egresados ascendieron a 3.280 en Abogacía, 54 en Traductorado y 6 en Calígrafo, totalizando 3.340. Estos datos reflejan tanto el atractivo de la institución como los desafíos propios de gestionar una de las facultades de Derecho más grandes de la región y orientar a sus egresados hacia programas de oposiciones.
Biblioteca y tesoros jurídicos
La Biblioteca de la Facultad de Derecho es uno de los pilares del proceso formativo. Creada en 1882, ya en 1910 contaba con unos 30.000 volúmenes y casi 10.000 lectores registrados. Hoy dispone de más de 250.000 ejemplares y alrededor de 34.700 usuarios, ofreciendo servicios de préstamo domiciliario, salas de referencia y lectura silenciosa, sala multimedia, hemeroteca y consulta especializada de jurisprudencia.
Entre sus fondos se encuentran auténticos tesoros bibliográficos jurídicos e históricos. Figuran, por ejemplo, ediciones del siglo XV y XVI vinculadas al derecho y la historia: el volumen «Lombardica hiftoria que a plerifque Aurea legenda factorum appellatur» (1486), las «Ordenanças reales» españolas de 1495 para la tramitación de pleitos civiles y criminales, y obras de Flavio Josefo sobre la guerra de los judíos con los romanos (1532).
También se conservan ediciones de tratados jurídicos europeos fundamentales, como las obras de Nicolaus Jaskerus sobre el derecho municipal y provincial (1535), textos de Roderici Suárez, la célebre compilación «Las Siete Partidas» atribuidas a Alfonso el Sabio (1550) y títulos clave sobre política indiana de Juan de Solórzano Pereira (1647).
Otros hitos del acervo incluyen los «Annales et histoires des troubles du Pays-Bas» de Hugo Grocio (1662), tratados de Samuel Pufendorf sobre derecho natural y de gentes (1712 y 1750), escritos de Io Gotl Heineccius sobre la historia del derecho civil romano y germánico (1740) y la obra «Jus Gentium methodo scientifica pertractatum» de Christian Wolff (1749).
La colección se enriquece además con producciones vinculadas directamente a la historia jurídica argentina, como el «Ensayo sobre las garantías individuales» de P. C. F. Daunau (1822), textos de Antonio Sáenz sobre Derecho Natural y de Gentes (1823), los «Principios de Derecho Civil» dictados por Pedro Somellera en la Universidad de Buenos Aires (1824) y las «Instituciones del Derecho Real de España» de José María Álvarez (1834). A ello se suman obras de Savigny sobre la historia del derecho romano en la Edad Media y manuscritos de Enrico Ferri, entre otros materiales de enorme valor histórico y académico.
Historia y evolución edilicia de la Facultad
Los orígenes de la institución se remontan al 9 de agosto de 1821, cuando se creó el Departamento de Jurisprudencia dentro de la Universidad de Buenos Aires. Durante los primeros años, las clases se impartían en distintos edificios universitarios, alternando entre la sede del Colegio Central y el Convento de San Francisco, lo que muestra una etapa de funcionamiento bastante itinerante.
En 1874, el Departamento fue transformado formalmente en Facultad de Derecho, y en 1877 se trasladó a su primer edificio propio en la calle Moreno 350. Este inmueble, construido específicamente para la enseñanza del Derecho, se convirtió en la primera facultad de la UBA en tener un edificio ad hoc. Con el tiempo, ese edificio pasaría a ser la sede del actual Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras.
Ya en 1897 se consideró la posibilidad de levantar un nuevo y monumental edificio para Derecho en una de las últimas cuadras de la Avenida de Mayo. Se encargó un proyecto al arquitecto italiano Roland Le Vacher, pero la iniciativa no llegó a concretarse y, finalmente, en ese emplazamiento se abrió la Plaza del Congreso en 1909.
En 1912 comenzó la construcción de un nuevo edificio neogótico en la Avenida Las Heras 2214, actual sede Las Heras de la Facultad de Ingeniería. Este proyecto, concebido como un verdadero palacio neogótico y adjudicado al arquitecto Mario Palanti para el estudio de Arturo Prins y Oscar Ranzenhofer, se inauguró parcialmente en 1925, pero nunca se completó en su totalidad. La torre proyectada, que debía superar los cien metros de altura, nunca se llegó a levantar debido a los elevados costos.
En 1945 se convocó a un concurso de arquitectura para trasladar nuevamente la Facultad, esta vez a un emplazamiento junto a la Plaza Francia, sobre terrenos que habían pertenecido a Obras Sanitarias de la Nación, donde funcionaba una estación de bombeo de agua desmantelada en la década de 1930. El proyecto ganador, firmado por los arquitectos Arturo Ochoa, Ismael G. Chiappori y Pedro Mario Vinent, proponía una fachada neoclásica de inspiración grecorromana, un estilo que en aquellos años se asociaba con la arquitectura de regímenes autoritarios europeos, lo cual generó cierto debate.
El 21 de septiembre de 1949 la Facultad se trasladó al actual edificio de la Avenida Figueroa Alcorta 2263. Aunque el traslado se produjo en esa fecha, la construcción continuó durante las dos décadas siguientes y recién se dio por finalizada hacia finales de la década de 1960. El resultado fue el icónico edificio de columnas monumentales que hoy identifica a la Facultad de Derecho de la UBA.
Obras de saneamiento y ampliación del subsuelo
Al haberse edificado sobre antiguos piletones de Obras Sanitarias, el subsuelo del edificio presentó durante décadas serios problemas de humedad y acumulación de agua y residuos, lo que hizo que una gran parte de esos metros cuadrados no pudiera utilizarse adecuadamente. Para enfrentar esta situación, en 2010 el Decanato elevó a la UBA un proyecto de saneamiento y recuperación de esos espacios.
El plan, gestionado por la Secretaría de Hacienda de la Facultad y diseñado por el arquitecto Guillermo Martínez, tenía como objetivo transformar un subsuelo poco aprovechado en una zona funcional y moderna. De los 12.293 m² existentes, solo 6.490 eran utilizables antes de iniciar las obras, lo que da una idea del potencial desaprovechado.
La primera etapa de los trabajos, entre enero y mayo de 2011, se centró en el saneamiento y la recuperación estructural. Posteriormente, de junio a noviembre de 2011, se construyeron 83 nuevas cocheras para profesores y 5 plazas de estacionamiento para personas con discapacidad, adecuando así la infraestructura a las necesidades diarias de la comunidad académica.
En la segunda fase, entre noviembre de 2011 y abril del año siguiente, se creó un nuevo reservorio para libros de la Facultad, un depósito, cinco aulas y un salón de usos múltiples. Asimismo, se mejoraron los accesos y se optimizaron los conductos de evacuación: se habilitaron dos nuevas escaleras que vinculan la planta baja con las nuevas aulas y el salón de usos múltiples y se abrió el acceso desde el gimnasio hacia las obras del subsuelo.
La financiación de estas obras provino de fondos mixtos de la Facultad y del Rectorado de la UBA. Estaba prevista además una tercera etapa, programada para los primeros meses de 2014, orientada a generar un espacio exclusivo para profesores en el segundo piso, en el lugar del antiguo depósito de libros, completando así la reconfiguración integral del edificio.
Publicaciones, investigación y vida académica
A través de su Departamento de Publicaciones, la Facultad de Derecho difunde de forma periódica diversas revistas científicas y materiales de investigación. Entre las publicaciones periódicas más destacadas se encuentran la Revista Jurídica de Buenos Aires, la Revista Lecciones y Ensayos, la Revista Academia y la Revista sobre enseñanza del Derecho y Crítica Jurídica, esta última en formato de coedición con otras instancias académicas.
Además de las revistas, la Facultad publica libros elaborados por estudiantes, graduados, docentes e investigadores que forman parte de la comunidad académica. Esto crea un circuito continuo de producción, discusión y transferencia de conocimiento jurídico hacia la sociedad.
Fuera del Departamento de Publicaciones, la Escuela de Derecho impulsa otros proyectos editoriales y de difusión. Destaca «Derecho al Día», elaborado por la Oficina de Comunicaciones, la Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja y la Revista Electrónica de Teoría y Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas, ligada a la Maestría del mismo nombre.
El Instituto Ambrosio L. Gioja participa activamente en la producción científica a través de cuadernos de investigación y de la colección de monografías «Serie Mayor», que recogen estudios avanzados en distintas ramas del Derecho. Todo este entramado de publicaciones consolida a la Facultad como un centro clave de reflexión y debate jurídico a nivel nacional e internacional.
Premios, reconocimientos y méritos académicos
La Facultad de Derecho de la UBA cuenta con un amplio sistema de premios y distinciones destinado a reconocer el rendimiento académico y la calidad de los trabajos de investigación. Entre ellos se encuentra el Premio Facultad, otorgado al mejor trabajo de doctorado o tesis inédita de investigación personal, lo que incentiva la producción de conocimiento original.
El Premio Alberto Gallo distingue la mejor tesis sobre un tema de Derecho y Ciencias Sociales relacionado con hechos o antecedentes nacionales, con carácter de investigación innovadora y exhaustiva en el uso de documentos inéditos. El Premio Profesor Eduardo Prayones se dedica a la mejor tesis en el área de Derecho Civil, mientras que el Premio Profesor Nicolás Casarino reconoce al alumno regular autor del mejor trabajo sobre procedimientos judiciales.
Entre otros galardones específicos se encuentran el Premio Profesor Manuel Obarrio, dirigido a tesis sobre temas ferroviarios, y el Premio Profesor Manuel Augusto Montes de Oca, que recae en la mejor tesis en Derecho Constitucional. El Premio Universitario Medalla de Oro distingue cada año al exalumno más destacado de cada carrera, previo informe del cuerpo de profesores.
La Facultad también concede el Diploma de Honor a los estudiantes de Abogacía que han obtenido un promedio mínimo de ocho puntos en todas sus materias y no han recibido calificaciones insuficientes a lo largo de la carrera. El Premio Alberto Tedín Aramburu recae en el alumno de Abogacía con el total de puntos más elevado en sus exámenes.
Otros reconocimientos incluyen el Premio Florencio Varela a la mejor tesis en Derecho Penal, el Premio Raymundo Salvat al abogado que haya aprobado sin repetir ni adelantar cursos y logrado calificación sobresaliente en todos los cursos de Derecho Civil, el Premio Doctor Vicente Rodríguez Rivas, otorgado cada dos años al mejor ensayo en Derecho Comercial, el Premio Centro de Estudios Penales doctor Carlos Fontán Balestra para quienes obtuvieron calificación sobresaliente en Derecho Penal y Procesal Penal, el Premio Corte Suprema de Justicia de la Nación al mejor promedio de Abogacía y el Premio Roque Fortunato Garrido, dirigido al graduado con mejor promedio de su promoción que haya optado por la orientación de Derecho Privado, finalizado la carrera en un máximo de seis años y sin aplazos.
Identidad institucional y reconocimiento externo
A lo largo de su historia, la Facultad ha ido construyendo una identidad institucional muy marcada que trasciende sus aulas. La Resolución Nº 2895 del Consejo Superior de la UBA, de 27 de octubre de 1999, dispuso que desde el 1 de febrero de 2000 la entonces «Facultad de Derecho y Ciencias Sociales» pasaría a llamarse simplemente «Facultad de Derecho». Este cambio de denominación reforzó el foco principal en la formación jurídica, aunque la Facultad sigue manteniendo estrechos vínculos con las ciencias sociales.
En el plano cultural y simbólico, la Facultad está presente en diversos espacios: Wikimedia Commons conserva una categoría multimedia dedicada a ella y existen referencias en portales del barrio de Recoleta y en otros sitios que difunden su actividad y su valor arquitectónico. Autores como Emiliano Jerónimo Buis han dedicado obras específicas al análisis de la Facultad, su historia y su significación en el contexto universitario argentino.
Para quienes visitan Buenos Aires, la sede de Figueroa Alcorta es casi una parada obligada. Muchos visitantes describen la experiencia de contemplar la fachada clásica, las amplias escalinatas y el entorno urbano como un reflejo del carácter argentino: grandioso, combativo, pero también celoso de su rol frente a los cambios sociales, especialmente en relación con el acceso a la educación superior pública y gratuita.
La Facultad de Derecho de la UBA se presenta como una institución que aúna tradición, excelencia académica y compromiso social. Desde sus orígenes como Departamento de Jurisprudencia hasta su consolidación en el icónico edificio de Figueroa Alcorta, pasando por sus completos planes de estudio, sus departamentos especializados, su biblioteca histórica y su sistema de premios, la Facultad se ha convertido en un referente imprescindible para entender la formación de juristas en Argentina y en América Latina.
