La reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) está a punto de convertirse en realidad tras varios años de tira y afloja entre el Gobierno y las organizaciones sindicales más representativas. El cambio, que sustituirá la actual semana de 37,5 horas, se ha colocado en el centro del debate sobre empleo público, conciliación y organización de los servicios.
En las últimas semanas, el Ministerio de Función Pública ha acelerado las reuniones técnicas y la negociación formal con UGT, CCOO, CSIF y otras centrales con presencia en la AGE para cerrar los detalles pendientes. El objetivo que manejan ambas partes es que el acuerdo se ratifique en la Mesa General de Negociación y que la nueva jornada pueda empezar a aplicarse de manera efectiva en un plazo muy corto, inicialmente previsto en torno al mes de marzo y con visos de extenderse a abril como fecha real de puesta en marcha.
Un acuerdo largamente esperado para más de 200.000 empleados públicos
El recorte de la jornada supondrá una disminución de 2,5 horas semanales respecto al horario actual, pasando de 37,5 a 35 horas en la Administración General del Estado. La medida afectará de forma directa a más de 200.000 empleados públicos de la AGE, incluyendo personal de ministerios, organismos autónomos, agencias y entidades públicas estatales, y podría tener un efecto arrastre en muchas administraciones locales cuya jornada está vinculada a la del Estado.
La recuperación de las 35 horas se concibe como una reivindicación histórica de los sindicatos del sector público, que llevan años reclamando revertir el aumento de jornada impuesto tras la crisis financiera de 2012. En ese momento, la semana laboral en el conjunto del sector público se elevó a 37,5 horas y, desde entonces, distintas comunidades autónomas han ido recuperando de manera progresiva las 35 horas, mientras que la AGE se había quedado rezagada.
Tras varios parones, el proceso se reactivó después de una pausa motivada por el calendario electoral en Castilla y León, cuando el Gobierno optó por suspender temporalmente las conversaciones para evitar que la medida se interpretara como un gesto electoralista. Concluido ese paréntesis, Función Pública convocó de nuevo a las centrales sindicales a una serie de reuniones los días 23 y 25 de marzo con la idea de rematar la parte técnica del acuerdo y trasladarlo después a la Mesa General.
Los encuentros de carácter técnico, en los que participan representantes del Ministerio y de organizaciones como UGT, CCOO, CSIF, ELA y CIG, se han orientado a cerrar los flecos de la reforma: definición de colectivos incluidos, tratamiento de las jornadas especiales, adaptación de turnos y garantías de mantenimiento de la calidad del servicio público.
Quién entra y quién queda fuera de la nueva jornada
La cuestión más delicada en la mesa de negociación ha sido determinar el alcance real de las 35 horas, es decir, qué personal se beneficia y qué colectivos se excluyen. En las propuestas iniciales del Gobierno se planteaba dejar fuera al personal de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a quienes trabajan en instituciones y establecimientos sanitarios o en centros docentes y de apoyo a la docencia.
En esa primera configuración también se preveía la exclusión de los trabajadores de instituciones penitenciarias, un punto que ha generado choque frontal con los sindicatos. Tanto UGT como CSIF han defendido con insistencia que la reducción de jornada debe hacerse extensiva al personal penitenciario, así como a los ámbitos sanitario y educativo vinculados a la AGE, al menos en los territorios de competencia estatal, como Ceuta y Melilla.
Con el avance de las conversaciones, las centrales sindicales han ido ganando terreno. Diversas fuentes apuntan a que el acuerdo final acabará incluyendo a prisiones, sanidad y educación dentro de la instrucción general de 35 horas, corrigiendo así las exclusiones que figuraban de forma expresa en los primeros borradores. CSIF ha subrayado que su apoyo al texto pasa precisamente por esa ampliación del ámbito subjetivo de aplicación.
Aun así, hay colectivos que previsiblemente seguirán fuera del nuevo esquema horario. En principio no se verán afectados las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Guardia Civil ni la Administración de Justicia, que no forman parte de la AGE en sentido estricto o cuentan con sus propios regímenes específicos de jornada. En estos casos, cualquier cambio de horario tendría que abordarse en mesas de negociación diferenciadas.
Otro frente abierto corresponde a los denominados cuerpos con “jornadas especiales”, que trabajan por encima incluso de las 37,5 horas semanales, llegando a las 40 horas o más. Los sindicatos reclaman que la reducción a 35 horas también llegue a estos colectivos, aunque, en la práctica, su aplicación exigirá una reorganización más compleja de turnos y efectivos.
Calendario, trámites y entrada en vigor de las 35 horas
El diseño del calendario de implantación también ha sido objeto de debate. Inicialmente, el Gobierno se había marcado como meta cerrar el acuerdo y aprobarlo antes de que finalizara marzo, con la vista puesta en una entrada en vigor prácticamente inmediata. Sin embargo, los propios sindicatos han reconocido que los plazos se han ido estirando y que la aplicación real se desplaza ya hacia el mes de abril.
Una vez que la Mesa General de Negociación de la AGE refrende el texto, será la Secretaría de Estado de Función Pública la encargada de emitir una instrucción con las directrices detalladas sobre jornada y horarios. Este documento sustituirá a la normativa vigente y marcará el marco común para todos los departamentos de la Administración General del Estado.
La implantación de la nueva jornada no será automática ni uniforme. Cada ministerio, organismo y entidad deberá negociar en su propio ámbito las particularidades de aplicación, acomodando la reducción de horas a sus necesidades organizativas y de servicio. Se trata, por ejemplo, de ajustar rotaciones, turnos de mañana y tarde, horarios de atención al público o servicios que requieren cobertura permanente.
Según lo trasladado en las reuniones técnicas, Función Pública emitirá instrucciones específicas para garantizar que la ciudadanía no vea mermada la atención como consecuencia de la reducción horaria. Esto implica prever refuerzos donde hagan falta, reorganizar plantillas y, en algunos casos, impulsar nuevas ofertas de empleo para compensar la menor disponibilidad horaria individual.
La modificación se completará con la publicación de la nueva regulación de jornada y horarios en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Solo a partir de ese momento la reducción a 35 horas tendrá plena validez jurídica en la Administración General del Estado, aunque el ajuste fino de calendarios laborales pueda prolongarse algunas semanas más en función de cada ámbito.
El papel de los sindicatos: apoyo condicionado y líneas rojas
Las distintas organizaciones sindicales han llegado a la fase final de la negociación con posiciones en parte convergentes y en parte diferenciadas. UGT insiste en que la jornada de 35 horas debe dejar de ser una mejora voluntaria y pasar a ser un derecho consolidado, aplicable a todo el personal de la AGE sin excepción injustificada. El sindicato recalca, además, que no admitirá retrocesos en otros aspectos ya pactados, como la flexibilidad horaria o ciertos márgenes de conciliación.
CSIF, por su parte, ha puesto el foco en la necesidad de que el acuerdo incluya claramente al personal de Instituciones Penitenciarias, sanitario y educativo que en un principio quedaba excluido. La organización también reclama que se avance en la adaptación de la jornada de 35 horas en aquellos sectores con regímenes especiales de 40 horas semanales y que se revise, cuando corresponda, la jornada de verano.
En Comisiones Obreras se observa una posición algo más prudente. La organización ha señalado que, con los borradores iniciales, no estaba en condiciones de firmar el acuerdo, fundamentalmente porque no se garantizaba la inclusión del personal de prisiones, enseñanza y sanidad en los términos que consideran imprescindibles. Para CCOO, estos colectivos constituyen una línea roja y han advertido de que sin ellos difícilmente avalarán el texto definitivo.
Los sindicatos coinciden, eso sí, en que la puesta en marcha de la nueva jornada no puede conllevar recortes en la calidad del servicio público. Rechazan que la reducción horaria se compense con un endurecimiento de otras condiciones, con supresión de medidas de conciliación o con una sobrecarga de trabajo que termine trasladando el problema a la plantilla.
Este pulso sindical refleja, en el fondo, la complejidad de aplicar un modelo homogéneo de jornada en un entramado administrativo muy diverso, en el que coexisten múltiples regímenes laborales, servicios esenciales y plantillas con necesidades muy distintas.
Relación con la Oferta de Empleo Público y refuerzo de plantillas
La negociación sobre la jornada de 35 horas ha ido de la mano de otras conversaciones clave sobre empleo y modernización de la Administración. En paralelo a las reuniones centradas en la jornada, el Ejecutivo ha convocado a los sindicatos para debatir las líneas generales de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 y la regulación del acceso de personas con discapacidad a la AGE.
En materia de empleo, Función Pública ha trasladado que la OEP de 2026 tendrá una dimensión similar a la de 2025, cuando se autorizó la creación de 26.889 plazas. No obstante, las organizaciones sindicales consideran que ese volumen debe ampliarse, especialmente en el acceso libre y en la promoción interna, para reforzar aquellos servicios que califican de «especialmente deficitarios».
Tanto CSIF como UGT han señalado la urgencia de incrementar las plantillas en el SEPE, la Seguridad Social, las oficinas de extranjería, la Dirección General de Tráfico e Instituciones Penitenciarias, donde la carga de trabajo y la presión de la demanda ciudadana son especialmente elevadas. En algunos de estos organismos, los retrasos en citas previas y trámites administrativos se han hecho crónicos.
UGT también ha llamado la atención sobre las ofertas de empleo de personal laboral de 2023, 2024 y 2025 que siguen sin convocarse, lo que supone miles de plazas de nuevo ingreso y de promoción interna pendientes. A su juicio, este retraso afecta a la calidad del servicio y limita las expectativas de desarrollo profesional de quienes ya forman parte de la Administración.
Los sindicatos inciden en que el diseño de la oferta de empleo debe realizarse ya pensando en la nueva realidad de las 35 horas, de forma que la reducción de jornada no se traduzca en un descenso de la capacidad operativa de la Administración. Para ello, reclaman la eliminación o flexibilización de la tasa de reposición y la agilización de los procesos selectivos, evitando demoras que en ocasiones se alargan durante meses o incluso años.
Discapacidad, inclusión y otros elementos de modernización
Junto a la jornada y el empleo, la mesa de negociación también aborda la regulación del acceso y la provisión de puestos para personas con discapacidad en la Administración General del Estado. El objetivo es actualizar y reforzar el marco normativo para garantizar una AGE más diversa, inclusiva y accesible.
Los sindicatos defienden que, además de reservar un porcentaje de plazas, se tomen medidas efectivas para asegurar la igualdad de oportunidades a lo largo de toda la carrera profesional: desde los procesos selectivos hasta la promoción interna, la adaptación de puestos y el ejercicio diario de los derechos laborales.
En este contexto, la implantación de la jornada de 35 horas se entiende como parte de un paquete más amplio de reformas orientadas a modernizar la función pública. No se trata únicamente de reducir el tiempo de trabajo, sino de rediseñar la organización interna para hacerla más eficiente y compatible con las necesidades de conciliación de la plantilla y con las demandas crecientes de la ciudadanía.
Las conversaciones recientes incluyen también debates sobre jubilaciones parciales y sustituciones, tras los problemas surgidos por la exigencia legal de que las personas relevistas cuenten con contrato indefinido. El acuerdo alcanzado con los sindicatos abre la puerta a fórmulas más flexibles que permitan desatascar una situación que estaba generando un auténtico tapón en los procesos de retiro parcial en la Administración.
En definitiva, la reducción a 35 horas se inserta en un entramado negociador más amplio que mezcla cuestiones de jornada, empleo, inclusión, estabilidad y atención al ciudadano, todos ellos elementos clave en la configuración de la Administración del siglo XXI.
Con el acuerdo sobre la jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado prácticamente cerrado, Gobierno y sindicatos encaran la recta final de una negociación que combina mejora de condiciones laborales, reorganización de servicios y revisión del modelo de empleo público. La inclusión de colectivos inicialmente excluidos, la necesidad de reforzar plantillas en áreas saturadas y el compromiso de no deteriorar la calidad del servicio marcan un cambio de etapa en la función pública española, en la que el tiempo de trabajo pasa a ocupar un lugar central en la agenda de reformas.
