La Criminología está a punto de dar un salto decisivo en España. Una nueva iniciativa registrada en el Congreso pretende reconocer oficialmente la profesión y marcar unas reglas claras sobre quién puede ejercer, en qué ámbitos y con qué responsabilidades, algo que hasta ahora estaba bastante difuso.
Este movimiento legislativo aspira a acabar con la inseguridad jurídica que rodea a muchos criminólogos y criminólogas, potenciando su integración en la administración pública y en el sector privado, y acercando el modelo español a lo que ya ocurre desde hace años en otros países europeos.
Una proposición de ley para ordenar la profesión criminológica
El grupo parlamentario Sumar ha presentado en el Congreso una proposición de ley específica para regular el ejercicio profesional de la Criminología. Es la primera vez que se plantea una norma de este alcance, que busca fijar las condiciones para el reconocimiento de la profesión y delimitar con precisión sus funciones en los sectores público y privado.
Según la información difundida por Europa Press, el objetivo central del texto es definir con claridad qué hace un criminólogo, qué requisitos académicos debe cumplir y cómo debe integrarse en los sistemas de prevención, intervención, investigación y evaluación de la criminalidad y la seguridad.
La propuesta parte en gran medida de un documento técnico elaborado por el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid, que ha contado con el respaldo de otros colegios profesionales de España. Sobre esa base, se presenta una regulación pensada para cubrir tanto el ámbito público como el privado y el tercer sector.
Uno de los pilares de la ley es la creación de un marco normativo homogéneo en todo el territorio, que impida que cada administración o entidad defina de manera distinta qué es un criminólogo y qué puede o no puede hacer.
Requisitos académicos y definición de la Criminología
El proyecto legislativo establece que solo podrán ejercer profesionalmente quienes posean el título universitario oficial de Licenciatura o Grado en Criminología, o bien una titulación extranjera debidamente homologada. Esta condición se declara obligatoria para cualquier entidad pública, privada o social que contrate a personas para ejercer funciones propias de la Criminología.
La norma define la Criminología como una disciplina científica interdisciplinar orientada al estudio de las causas, naturaleza, extensión, prevención y control del delito y de la desviación social. También abarca la intervención con víctimas e infractores y el análisis de las respuestas sociales e institucionales frente a la delincuencia.
Con esta definición, el legislador pretende remarcar que no se trata simplemente de una rama del Derecho o de la Psicología, sino de un campo propio del conocimiento que combina aportaciones de distintas ciencias sociales y jurídicas para comprender mejor el fenómeno delictivo.
El texto recoge, además, la voluntad de impulsar la Criminología como área de conocimiento universitaria independiente, reforzando su presencia en los planes de estudio y su reconocimiento académico dentro del sistema universitario español.
Ámbitos competenciales y funciones del criminólogo
La proposición detalla 21 grandes ámbitos competenciales en los que el criminólogo puede actuar con un perfil claramente definido. Entre ellos se incluyen la evaluación del riesgo de reincidencia y revictimización, la elaboración de informes criminológicos y el análisis cuantitativo y cualitativo de la criminalidad.
También se mencionan tareas de prevención en contextos policiales, penitenciarios, viales y cibernéticos, así como la intervención especializada con víctimas y la participación en procesos de justicia restaurativa, donde el enfoque multidisciplinar resulta especialmente relevante.
En paralelo, la norma enumera más de 30 posibles funciones y puestos profesionales vinculados a la titulación en Criminología. Entre ellos figuran el desempeño como perito judicial, analista delictivo, técnico en instituciones penitenciarias, miembro de equipos de justicia juvenil o profesional de atención a víctimas de delitos.
El catálogo se amplía con perfiles ligados a la ciberseguridad y el cibercrimen, la Criminología ambiental, la asesoría para medios de comunicación en temas delictivos y el papel de técnico en protección del informante, una figura especialmente relevante en contextos de corrupción y canales internos de denuncia.
Con esta relación de ámbitos y puestos, el texto intenta visibilizar la diversidad de salidas profesionales que ofrece la Criminología, más allá de la imagen reducida que a menudo se asocia únicamente al ámbito policial.
Presencia del criminólogo en la administración pública
Uno de los apartados clave de la propuesta es el referido a la incorporación del criminólogo a la función pública. La ley plantea que las distintas administraciones deberán incluir esta figura profesional en sus relaciones de puestos de trabajo y en sus ofertas de empleo público.
Esta obligación afectaría a aquellos ámbitos relacionados con la prevención del delito, la reinserción social y laboral, la atención integral a víctimas, la mediación, la seguridad pública o la protección del informante, entre otros campos donde la Criminología puede aportar un enfoque técnico específico.
La norma también dedica espacio a la regulación de los derechos y deberes del colectivo profesional, fijando la obligación de respetar el secreto profesional y previendo la elaboración de un código deontológico por parte de los colegios profesionales de Criminología.
Junto a ello, se diseña un régimen sancionador que contempla infracciones leves, graves y muy graves, con el objetivo de garantizar una práctica profesional responsable y alineada con los principios éticos de la disciplina.
Medidas de igualdad, empleo y desarrollo institucional
El texto legislativo no se limita a reconocer la profesión, sino que introduce disposiciones concretas sobre igualdad y accesibilidad, con la idea de que el desarrollo de la Criminología tenga en cuenta la diversidad de la población y la eliminación de barreras para colectivos vulnerables.
Entre las medidas destacadas se incluye el fomento del empleo vinculado a la titulación en Criminología, tanto en el sector público como en el privado, y el compromiso de incorporar a estos profesionales en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley en las estructuras de la función pública.
La proposición prevé además el desarrollo reglamentario del Registro Nacional de Criminología, un instrumento llamado a organizar y supervisar el ejercicio profesional, ofreciendo mayor transparencia sobre quiénes están habilitados para trabajar como criminólogos.
En el ámbito académico, se fija un periodo máximo de seis meses para la homologación de títulos y para ultimar la regulación del régimen sancionador, con el fin de evitar que el despliegue de la norma se eternice en el tiempo.
Una ciencia clave para la convivencia y los estándares europeos
La exposición de motivos subraya que la Criminología es una ciencia fundamental para comprender y prevenir la delincuencia, así como para mejorar la respuesta de las instituciones ante el delito. Se insiste en que la ausencia de una regulación profesional clara ha generado durante años inseguridad jurídica, ha limitado el acceso a determinados puestos de trabajo y no ha garantizado siempre que quienes desempeñaban estas funciones contaran con la formación adecuada.
El texto reivindica el papel del criminólogo en ámbitos policiales, judiciales, penitenciarios, educativos, comunitarios y empresariales, así como en el campo de la ciberseguridad y en la protección y acompañamiento de víctimas. Se recuerda que en el entorno internacional y europeo la profesión ya goza de un reconocimiento más asentado, lo que coloca a España en una posición de cierto retraso.
La futura ley se plantea como una herramienta para impulsar políticas públicas basadas en la evidencia, reforzar la convivencia, garantizar derechos y ofrecer diagnósticos rigurosos sobre la realidad delictiva. Todo ello, con la intención de equiparar la situación española a los estándares europeos en materia de regulación profesional.
La iniciativa dibuja un escenario en el que la Criminología pasa de ser una profesión parcialmente invisibilizada y sin un encaje normativo definido a ocupar un papel estructural en las políticas de seguridad, prevención y atención a víctimas, con reglas claras de acceso, responsabilidades delimitadas y un reconocimiento institucional que se alinea con el contexto europeo.
