La negociación colectiva vuelve al primer plano tras una oleada de movilizaciones sindicales que ha puesto bajo presión al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. CCOO, UGT y CSIF reclaman reabrir el diálogo con una propuesta económica concreta para el personal público, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y falta de personal en servicios esenciales.
En paralelo, la agenda de igualdad coge velocidad: UGT ha activado su coordinadora LGTBI para impulsar los Planes LGTBI en convenios, mientras en Andalucía se refuerza el foco en la discapacidad y la inclusión. El mensaje sindical es claro: sin mejoras laborales e igualdad efectiva, no habrá servicios públicos de calidad.
El Gobierno mueve ficha: se reanuda el diálogo para el personal público
Las concentraciones convocadas por CCOO, UGT y CSIF en toda España desembocaron en miles de asistentes, con 3.500 participantes en Castilla-La Mancha y alrededor de 500 en Toledo. Las organizaciones denuncian la congelación salarial prevista para 2025, una merma acumulada cercana al 20% en la última década y una temporalidad que supera el 30%.
Tras la presión en la calle, Función Pública ha citado a los sindicatos a una reunión con la secretaria de Estado Consuelo Sánchez Naranjo el miércoles 5 de noviembre a las 11:00. El encuentro servirá para reabrir formalmente la negociación colectiva y encarrilar un nuevo acuerdo salarial.
CSIF considera el contacto un avance, pero advierte de que la cita debe arrancar con una oferta económica concreta. Si no la hay, el sindicato mantiene sobre la mesa la convocatoria de una huelga en diciembre, después de una gran movilización estatal prevista para noviembre.
Los sindicatos sostienen que la situación ya afecta a la ciudadanía: listas de espera, aulas saturadas y trámites atascados evidencian, a su juicio, el deterioro de los servicios públicos por falta de personal y salarios desactualizados.
Qué exigen en la mesa: salarios, empleo y servicios públicos
Las centrales reclaman incrementos salariales que compensen la pérdida acumulada, tomando como referencia la inflación reciente, y exigen blindar el poder adquisitivo de las plantillas del sector público.
También urgen a reforzar las plantillas para evitar el deterioro de sanidad, educación, justicia y servicios sociales, además de reducir la temporalidad por encima del 30% mediante empleo estable y procesos ágiles.
En Castilla-La Mancha, los sindicatos cifran en 86,8 millones de euros la pérdida de ingresos entre enero y octubre para el conjunto de empleados públicos, un ejemplo del impacto que el encarecimiento de la vida ha tenido en las retribuciones.
La igualdad gana peso en los convenios: impulso a los Planes LGTBI
La coordinadora LGTBI de UGT ha revisado el estado de los Planes LGTBI en la negociación colectiva y define nuevas acciones para que las empresas cumplan el artículo 15.1 de la Ley 4/2023. La prioridad pasa por erradicar la LGTBIfobia en los centros de trabajo mediante medidas efectivas y evaluables.
El sindicato constata un salto significativo: del 8,7% de convenios con contenido LGTBI en 2024 se ha pasado al 61,8% a junio de 2025. La meta es alcanzar el 100% y que las cláusulas vayan más allá del mínimo legal, con un enfoque integral de prevención, atención y evaluación.
UGT denuncia reticencias empresariales para incluir el protocolo de acompañamiento a personas trans durante su transición, pese a ser una medida clave ante los altos niveles de exclusión. La organización pide reforzar el cumplimiento de la Ley 3/2024 de empleo para mejorar el acceso y la protección.
Actualmente, 2,6 millones de personas trabajadoras están protegidas por medidas LGTBI en su centro de trabajo. UGT urge un acuerdo de agentes sociales para que el protocolo trans sea de aplicación obligatoria en convenios, facilitando la transición legal y la adecuación del puesto.
En formación, UGT ha capacitado a más de 1.300 delegados y delegadas este año y reforzará el itinerario formativo —presencial y online— para cuadros sindicales. Además, prepara la tercera edición del estudio «Hacia Centros de Trabajo Inclusivos«, que actualizará datos de discriminación laboral y riesgos psicosociales, incluyendo un análisis amplio sobre personas intersexuales.
Andalucía sitúa la discapacidad en el centro de la agenda
UGT Andalucía ha abierto unas jornadas centradas en empleo y discapacidad recordando que casi 600.000 personas tienen reconocido un grado igual o superior al 33% y que persiste una elevada temporalidad y brecha de género. El sindicato reivindica la negociación colectiva como palanca para garantizar derechos y ajustes razonables.
Como línea prioritaria, se consolidará la figura del facilitador sindical, profesional que acompaña a las personas con discapacidad en procesos de adaptación de tareas, accesibilidad y defensa frente a la discriminación, incluida la discapacidad sobrevenida.
La organización reclama servicios públicos de orientación reforzados, formación accesible y entornos laborales inclusivos. También pide que todas las mesas de negociación incorporen cláusulas inclusivas y tolerancia cero ante la discriminación.
Movilizaciones, fechas y portavoces
El calendario de presión sindical arrancó con una concentración el 30 de octubre a las 12:00 frente al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (C/ del Mármol, 2. Madrid). Antes del inicio, portavoces de UGT, CCOO y CSIF —Isabel Araque, Lucho Palazzo y Miguel Borra— atendieron a los medios.
Con la convocatoria de Función Pública para el 5 de noviembre, se abre una ventana de oportunidad. Si no llega una propuesta retributiva sólida, los sindicatos mantendrán las movilizaciones y no descartan una huelga en diciembre.
El pulso por la negociación colectiva entra en fase decisiva: los sindicatos quieren subidas salariales que recuperen poder adquisitivo, empleo estable y más plantillas, mientras refuerzan cláusulas de igualdad LGTBI y discapacidad en los convenios. La respuesta del Gobierno en la mesa marcará el rumbo de las próximas semanas.