La investigación judicial sobre los presuntos amaños en oposiciones de la Policía Local de Granada ha dado un giro decisivo tras el levantamiento del secreto de sumario. El caso salpica a procesos celebrados en la capital y en dos municipios del área metropolitana, con diligencias que señalan, de forma preliminar, una operativa organizada para favorecer a determinados aspirantes.
Según la información que obra en la causa y las fuentes consultadas, son 43 las personas investigadas entre mandos y agentes, miembros de tribunales, opositores, dos funcionarias del área de contratación y un psicólogo, y se indagan hasta una decena de posibles delitos vinculados a la preparación y corrección de pruebas.
Qué se investiga y a quién alcanza
El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada centra sus pesquisas en cuatro convocatorias de oposiciones: dos de acceso en la capital (2019 y 2022) y las celebradas en Algarinejo (2022) y Albolote (2024). La línea principal apunta a la supuesta creación de un circuito de favores para que familiares y allegados de miembros del cuerpo superaran los procesos.
El sumario sitúa como cabecilla al que fuera jefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, junto a otro mando, y describe una estructura que habría influido en la composición de tribunales y en el contenido de las pruebas. Entre los tipos penales bajo examen figuran prevaricación administrativa, tráfico de influencias, abuso de información privilegiada, revelación de secretos, fraude en la contratación, falsedad documental, cohecho, extorsión, coacciones y amenazas, y omisión del deber de perseguir delitos.
Veinte de los investigados son mandos y componentes de tribunales, además de sindicalistas y personal municipal; los otros 23 serían presuntos beneficiarios que habrían accedido o ascendido en los procesos señalados, algunos de los cuales ya ejercen como agentes en la actualidad.
Cronología y diligencias practicadas
La causa arrancó en febrero bajo secreto y se alimentó de registros practicados por la UDEF en la Jefatura (Huerta del Rasillo), otras dependencias municipales y sedes vinculadas. En julio se repitieron las entradas y requerimientos, y a finales de octubre se efectuó un nuevo registro domiciliario a un subinspector, con incautación de dispositivos electrónicos.
Un auto fechado el 5 de noviembre recoge que aún restan por analizar contenidos de esos equipos, lo que podría derivar en nuevos investigados o en indicios adicionales contra quienes ya figuran en la causa. El material probatorio se completa con documentación intervenida, grabaciones, la colaboración de un investigado y el testimonio de un testigo protegido.
De forma paralela, en la capital se requirió documentación original de las pruebas de 2019 y 2022 (ejercicios, plantillas de corrección y actas) y listados de aprobados, además de expedientes de tribunales de acceso y ascenso de los últimos años para su cruce y verificación.
Modo de actuación según el sumario
La jueza describe una operativa presuntamente destinada a filtrar preguntas y casos prácticos, intervenir en la contratación del psicólogo que evaluaba la parte psicotécnica y alinear a miembros de tribunales afines. En los mensajes analizados se habrían dado instrucciones sobre a quién favorecer y cómo gestionar la puntuación para no levantar sospechas.
En esta línea, cobran relevancia unos audios publicados por The Objective en los que, siempre según ese medio, se escucha a un mando indicar que un aspirante debía aprobar con un “ocho u ocho y medio” y que “ese niño tiene que salir porque lo necesita”. Estas conversaciones forman parte del material valorado en la investigación, junto a comunicaciones en WhatsApp y Telegram difíciles de rastrear por su cifrado.
El sumario también recoge que a algunos miembros de tribunal se les habría prometido apoyo en futuras promociones internas a cambio de su colaboración, cerrando así un círculo de supuestos beneficios cruzados dentro del cuerpo.
Procesos y cifras bajo la lupa
En la oposición de 2019 (40 plazas) se presentaron 528 aspirantes y, según el juzgado, “llama poderosamente la atención” que al menos 16 de los 25 primeros fueran familiares directos de policías locales. Varias de esas personas prepararon las pruebas en academias vinculadas al ámbito sindical, revisando sus técnicas de estudio para oposiciones.
La convocatoria de 2022 (32 plazas) en Granada también está siendo escrutada, con especial foco en la trazabilidad de las preguntas y en la fase psicotécnica, donde intervino un psicólogo investigado. La UDEF ha pedido los originales de los cuatro ejercicios, actas, y documentación de una veintena de agentes con responsabilidades entre 2020 y 2025.
En Algarinejo (2022), se presentaron 54 opositores para tres plazas y dos de los aprobados eran hijos de policías locales de Granada. Además, la primera prueba fue una evaluación psicológica –algo poco habitual–, por lo que el juzgado ha solicitado colaboración a la Facultad de Psicología para revisar la convocatoria.
Reacciones institucionales y situación de los implicados
El Ayuntamiento de Granada ha reiterado su colaboración absoluta con la investigación y está personado como acusación particular, al igual que el consistorio de Albolote como perjudicado. La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha invocado la presunción de inocencia y el compromiso de adoptar medidas según dicte la autoridad judicial.
Desde la oposición municipal, el PSOE ha reclamado apartar de sus funciones a quienes ostentan puestos de mando y figuran como investigados, además de exigir que se revisen a fondo los expedientes y se depuren responsabilidades si se confirman los hechos.
El juzgado ha realizado ofrecimiento de acciones a los opositores potencialmente perjudicados, incluidos quienes superaron los exámenes pero no obtuvieron plaza, abriendo la puerta a nuevas personaciones de grupos o partidos en próximas fechas.
Derivadas y alcance territorial
La causa tiene su origen indirecto en una pieza previa sobre irregularidades sindicales en el SIPLG, de la que surgieron testimonios que apuntaban a amaños en oposiciones y que motivaron deducciones de testimonio. Ese hilo condujo a la presente investigación, hoy ya con el secreto levantado.
Al margen de Granada, Albolote y Algarinejo, las denuncias relativas a Órgiva, Villamena, Las Gabias y Pulianas se archivaron por falta de indicios penales suficientes, sin perjuicio de acudir a la vía contencioso-administrativa para depurar responsabilidades administrativas si procede.
La instrucción perfila una presunta trama que habría operado durante varios procesos y que, según el material intervenido, facilitó preguntas, condicionó tribunales y manejó fases psicotécnicas para beneficiar a candidatos concretos, mientras se esperan nuevas diligencias tras el análisis de dispositivos y posibles nuevas personaciones.
