El Ayuntamiento de Santander ha decidido paralizar la oposiciĆ³n para diez plazas de auxiliar administrativo cuando apenas faltaban unos dĆas para el primer examen. La prueba estaba fijada para el sĆ”bado 24 de enero y contaba con mĆ”s de 1.200 personas aspirantes inscritas, pero una resoluciĆ³n judicial ha obligado a frenar en seco todo el proceso.
La suspensiĆ³n se produce despuĆ©s de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) haya declarado caducada una de las plazas vinculadas a la Oferta de Empleo PĆŗblico (OEP) de 2019, convocada en 2022. Esta decisiĆ³n judicial arrastra y deja sin efecto todos los actos administrativos posteriores relacionados con esa oferta, lo que afecta de lleno al conjunto del proceso selectivo de auxiliar administrativo.
Por quĆ© se suspende la oposiciĆ³n de auxiliar en Santander
SegĆŗn ha explicado el concejal de Recursos Humanos, Calidad y Patrimonio, Daniel Portilla, el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la sentencia del TSJC el jueves, apenas una semana antes de la prueba. La resoluciĆ³n aplica la nueva doctrina fijada por el Tribunal Supremo en julio de 2025 sobre la caducidad de las plazas de empleo pĆŗblico, lo que cambia por completo la interpretaciĆ³n que se venĆa utilizando hasta ahora.
Hasta este cambio jurisprudencial, la mayorĆa de administraciones entendĆan que el plazo de tres aƱos del Estatuto BĆ”sico del Empleado PĆŗblico para ejecutar una oferta de empleo se cumplĆa con sacar la convocatoria dentro de ese periodo. Es decir, bastaba con publicar la convocatoria para considerar que la plaza no caducaba, aunque el proceso selectivo se prolongara mĆ”s tiempo.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha determinado que ese plazo de tres aƱos debe abarcar todo el desarrollo del proceso: convocatoria, realizaciĆ³n de los exĆ”menes y nombramiento de las personas seleccionadas. Es decir, la plaza debe estar completamente cubierta dentro de ese margen temporal. En el caso de Santander, las plazas procedĆan de la OEP de 2019, se convocaron en 2022 y el procedimiento seguĆa en marcha en 2026, por lo que, con el nuevo criterio, se consideran caducadas.
El TSJC, al aplicar esta doctrina, concluye que una de las plazas de la OEP 2019 ha excedido ese lĆmite y, por tanto, declara decaĆda la convocatoria, anulando todos los actos posteriores. Eso implica que no pueda celebrarse el examen previsto y que el Ayuntamiento carezca de seguridad jurĆdica para continuar con el proceso sin riesgo de que se anule mĆ”s adelante, incluso con las plazas ya cubiertas.
El Consistorio reconoce que, con el criterio anterior, iban formalmente āen plazoā aunque de manera lenta, pero asume que con la nueva interpretaciĆ³n no tiene margen de maniobra: el propio TSJC se remite de forma Ćntegra a la jurisprudencia del Supremo, dejando sin recorrido otras posibles lecturas mĆ”s flexibles que el Ayuntamiento venĆa intentando encajar.
Consecuencias para las 10 plazas y las personas aspirantes
La sentencia del TSJC afecta directamente a las diez plazas de auxiliar administrativo ligadas a la OEP de 2019, cuya convocatoria se publicĆ³ en 2022 y cuyo primer examen estaba ya seƱalado en el calendario. El Ayuntamiento subraya que no se trata de una decisiĆ³n polĆtica voluntaria, sino de una consecuencia obligada de una resoluciĆ³n judicial firme.
Como resultado, el examen del 24 de enero no se celebrarĆ” y todo el proceso selectivo queda suspendido. El equipo de gobierno del Partido Popular sostiene que mantener la oposiciĆ³n adelante supondrĆa un alto riesgo de nulidad futura, tanto del examen como de los nombramientos, lo que generarĆa mayor inseguridad jurĆdica a largo plazo.
El concejal de Recursos Humanos ha insistido en que se trata de una medida adoptada āpor causas ajenas al Ayuntamientoā y que el Consistorio se ha visto obligado a actuar una vez recibida la sentencia y analizados los informes jurĆdicos y tĆ©cnicos internos. SegĆŗn Portilla, tras esta resoluciĆ³n la continuidad del proceso āresulta incuestionableā desde el punto de vista legal.
Entre las personas afectadas se encuentran mĆ”s de 1.200 aspirantes que habĆan depositado sus expectativas en esta oposiciĆ³n. Muchas de ellas llevaban meses preparando la prueba y contaban con que el examen se celebrarĆa en las fechas previstas, por lo que el impacto personal y organizativo es considerable, tanto en tĆ©rminos de tiempo invertido como de planificaciĆ³n de estudios y vida laboral.
AdemĆ”s del perjuicio para quienes se presentan, la suspensiĆ³n supone que el Ayuntamiento seguirĆ” arrastrando carencias de personal en Ć”reas administrativas donde estas plazas estaban llamadas a reforzar los servicios. Los sindicatos ya venĆan alertando en los Ćŗltimos aƱos de problemas de plantilla y sobrecarga de trabajo, especialmente en determinados departamentos municipales.
DevoluciĆ³n de tasas y plazos previstos para una nueva convocatoria
El Ayuntamiento ha garantizado que devolverĆ” Ćntegramente las tasas de examen abonadas en 2022 a todas las personas admitidas en el proceso de auxiliar administrativo. Se anunciarĆ” en los prĆ³ximos dĆas el procedimiento concreto para solicitar la devoluciĆ³n, con instrucciones especĆficas para que nadie se quede fuera.
Portilla ha seƱalado que, una vez se asuma formalmente la caducidad de las plazas afectadas, la intenciĆ³n del equipo de gobierno es reprogramar la oferta en la prĆ³xima OEP de 2026. El compromiso anunciado es incluir de nuevo, como mĆnimo, esas mismas diez plazas de auxiliar administrativo.
Esas diez vacantes se sumarĆ”n a las siete ya contempladas en las ofertas de 2023, 2024 y 2025, de modo que el objetivo del Ayuntamiento es concentrar un nĆŗmero mayor de plazas administrativas en la OEP de 2026 y relanzar los procesos selectivos en un bloque. SegĆŗn el calendario que maneja el Consistorio, la idea es que los nuevos exĆ”menes puedan celebrarse en un plazo aproximado de seis meses desde la aprobaciĆ³n definitiva de dicha oferta.
El equipo de gobierno sostiene que tratarĆ” de āagilizar al mĆ”ximoā las mesas de negociaciĆ³n con los representantes sindicales para no alargar mĆ”s los plazos, y recalca que su prioridad es que las personas opositoras no pierdan la oportunidad de competir por estas mismas plazas, aunque tengan que hacerlo en una nueva convocatoria.
Desde el Ć”rea de Recursos Humanos se insiste en que la administraciĆ³n local ha venido intentando conciliar el interĆ©s general y los derechos de los aspirantes con la nueva doctrina del Supremo, que en una de sus clĆ”usulas admitĆa algunas excepciones por razones de servicio. No obstante, tras la sentencia del TSJC, el Ayuntamiento entiende que ya no cabe sostener otra vĆa que no sea la suspensiĆ³n.
Tensiones polĆticas tras la suspensiĆ³n: crĆticas y peticiones de dimisiĆ³n
La decisiĆ³n de suspender la oposiciĆ³n de auxiliar administrativo ha tenido una inmediata repercusiĆ³n polĆtica en el Ayuntamiento de Santander. Tanto Izquierda Unida como el PSOE han aprovechado el escenario para exigir responsabilidades a la alcaldesa, Gema Igual, y al concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla.
Izquierda Unida, a travĆ©s de su concejal Keruin MartĆnez, ha pedido directamente la dimisiĆ³n āinmediataā de Portilla y el cese del director de Recursos Humanos, Juan DaƱobeitia. La formaciĆ³n considera que lo ocurrido no es un simple problema tĆ©cnico, sino el reflejo de āaƱos de improvisaciĆ³n y falta de planificaciĆ³nā en la gestiĆ³n del personal municipal.
MartĆnez afirma que esta suspensiĆ³n es solo āla Ćŗltima consecuencia de una dinĆ”mica de caos y mala gestiĆ³nā que, segĆŗn IU, lleva tiempo afectando a distintos servicios del Ayuntamiento. Cita, entre otros episodios, las tensiones con la PolicĆa Local, conflictos laborales prolongados y protestas por el incumplimiento de acuerdos con la plantilla.
IU asegura que el director de Recursos Humanos ya habĆa sido advertido por los sindicatos, meses atrĆ”s, de la inseguridad jurĆdica que rodeaba este proceso selectivo y que, aun asĆ, se optĆ³ por seguir adelante. La formaciĆ³n sostiene que una de las razones para mantener el calendario era evitar la devoluciĆ³n de las tasas a los aspirantes, y denuncia que la decisiĆ³n final de suspender a pocos dĆas del examen perjudica especialmente a las mĆ”s de 1.300 personas inscritas.
Por su parte, el PSOE local, con su secretario general y portavoz municipal Daniel FernĆ”ndez al frente, ha aprovechado el contexto de la oposiciĆ³n suspendida para denunciar un ācolapso en la gestiĆ³n de personalā del Ayuntamiento. FernĆ”ndez habla de un āescĆ”ndalo institucionalā y atribuye la situaciĆ³n a aƱos de abandono y falta de planificaciĆ³n por parte del equipo de gobierno del PP.
El PSOE va mĆ”s allĆ” del caso concreto de auxiliar administrativo y apunta a la caducidad de mĆ”s de 1.200 plazas pĆŗblicas aprobadas en 2022 que, segĆŗn la formaciĆ³n, no se habrĆan convocado ni cubierto en el plazo legal. A ello suma la pĆ©rdida de plazas de PolicĆa Local y la ausencia de cobertura de determinados puestos, como la direcciĆ³n del Museo de Arte de Santander, como ejemplos de la supuesta inacciĆ³n municipal.
Respuesta del equipo de gobierno y situaciĆ³n de otras plazas afectadas
Desde el Partido Popular, el concejal de Recursos Humanos ha salido al paso de estas crĆticas acusando al PSOE de āgenerar crispaciĆ³n y confusiĆ³n entre los opositoresā a base de informaciones ātergiversadasā o directamente āfalsasā. Portilla sostiene que la suspensiĆ³n del examen no es fruto de una decisiĆ³n discrecional, sino āuna obligaciĆ³n legalā derivada de una sentencia firme.
En relaciĆ³n con las acusaciones de que las plazas no se habĆan convocado, Portilla recuerda que la convocatoria estaba aprobada y tan avanzada que ya existĆa fecha fijada para el examen. A su juicio, esto demuestra que el Ayuntamiento sĆ habĆa impulsado el proceso dentro del margen legal que se venĆa aplicando hasta el cambio jurisprudencial del Supremo.
El concejal tambiĆ©n ha respondido a las crĆticas sobre otras plazas municipales, en particular las de la PolicĆa Local. Frente a las cifras aportadas por el PSOE, Portilla aclara que se trata de 20 plazas de promociĆ³n interna de la OEP de 2021, publicadas en diciembre de 2022, y no de 22 como sostienen los socialistas. Estas plazas, afirma, se han visto igualmente afectadas por la nueva doctrina sobre caducidad.
En el caso de la PolicĆa Local, sin embargo, no se habĆa iniciado ningĆŗn trĆ”mite del proceso selectivo: no existĆan listas de admitidos, ni pruebas convocadas ni otros actos administrativos que hubiera que anular. Eso hace que el impacto inmediato sea diferente al de la oposiciĆ³n de auxiliar administrativo, donde sĆ habĆa cientos de aspirantes directamente implicados.
Portilla subraya que, al tratarse de una promociĆ³n interna, estas plazas no inciden de forma directa en la incorporaciĆ³n de nuevos efectivos a la plantilla, aunque sĆ condicionan la carrera profesional de los agentes actuales. La previsiĆ³n del Ayuntamiento es agrupar esas plazas con otras pendientes en la OEP de 2026, de manera que los procesos puedan relanzarse cuando exista certidumbre jurĆdica.
Desde el Consistorio se insiste en que la actuaciĆ³n del equipo de gobierno ha sido ātransparente y respetuosa con la legalidadā, y que se ha priorizado dar explicaciones claras a las personas opositoras, consideradas las principales afectadas. No obstante, la oposiciĆ³n municipal mantiene que las responsabilidades no se agotan en lo jurĆdico y reclama tambiĆ©n consecuencias polĆticas.
Impacto en los servicios pĆŗblicos y prĆ³ximas decisiones
MĆ”s allĆ” del choque polĆtico, la suspensiĆ³n de la oposiciĆ³n de auxiliar administrativo pone el foco en las dificultades de muchas administraciones para adaptar sus ofertas de empleo a los nuevos criterios marcados por los tribunales. El cambio de interpretaciĆ³n del plazo de tres aƱos obliga a revisar calendarios, reorganizar convocatorias y, en algunos casos, asumir que ciertas plazas se dan por caducadas.
En el caso de Santander, el debate se centra en cĆ³mo afectarĆ” esto al funcionamiento ordinario de los servicios municipales. La falta de personal administrativo, la no cobertura de jubilaciones y la demora en incorporar nuevos efectivos vienen siendo objeto de quejas por parte de sindicatos y grupos de la oposiciĆ³n, que advierten de una sobrecarga en distintas Ć”reas clave.
Formaciones como IU insisten en que no se trata solo de un fallo puntual, sino de un modelo de gestiĆ³n que, a su juicio, ha llevado al Ayuntamiento a una situaciĆ³n āinsostenibleā en materia de personal. SeƱalan episodios como las protestas por incumplimiento de acuerdos laborales, los conflictos con la PolicĆa Local o la falta de refuerzos en servicios sociales como sĆntomas de un problema estructural.
Por otro lado, el PSOE plantea la necesidad de un plan de choque para reordenar la estructura de personal, revisar todas las ofertas de empleo afectadas por la nueva doctrina y garantizar que no se sigan perdiendo plazas por caducidad. La formaciĆ³n socialista ha anunciado que exigirĆ” explicaciones detalladas en el prĆ³ximo Pleno y que propondrĆ” medidas concretas para evitar que se repitan situaciones similares.
Mientras, el equipo de gobierno trabaja en el diseƱo de la futura OEP de 2026, en la que se agruparĆ”n las plazas de auxiliar administrativo suspendidas, las de PolicĆa Local afectadas por la misma jurisprudencia y otras vacantes pendientes. El reto serĆ” ajustar los plazos a la nueva interpretaciĆ³n legal y ofrecer seguridad jurĆdica tanto a las personas aspirantes como a la propia administraciĆ³n.
La suspensiĆ³n de la oposiciĆ³n de auxiliar en Santander se ha convertido en un caso emblemĆ”tico de cĆ³mo un cambio doctrinal puede alterar procesos selectivos ya en marcha, obligando a rehacer calendarios, devolver tasas y replantear toda la planificaciĆ³n de recursos humanos. Para quienes preparaban esta convocatoria, la situaciĆ³n supone un freno inesperado, pero el Ayuntamiento asegura que las plazas volverĆ”n a ofertarse en breve, dentro de un marco legal mĆ”s claro y con el compromiso de acelerar al mĆ”ximo los prĆ³ximos exĆ”menes.
